La Asociación para la Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural, Histórico, Territorial y Medioambiental de Carboneras, presidida por el exalcalde socialista Cristóbal Fernández, ha emitido una advertencia seria al actual primer edil, Salvador Hernández (Ciudadanos). En caso de que no se anule la revisión de la licencia del hotel Algarrobico, la asociación planea presentar una querella por prevaricación.
Esta acción legal se fundamenta en el acuerdo aprobado en el Pleno del 7 de julio, donde ocho miembros decidieron cumplir con un mandato del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Este mandato exige revisar la licencia otorgada a la promotora Azata del Sol en enero de 2003, ya que esta contenía vicios de nulidad. La asociación sostiene que es necesario retroceder las actuaciones para incluir informes técnicos y económicos que habían sido solicitados previamente.
El recurso interpuesto hace referencia a un Pleno celebrado el 17 de junio, donde cinco concejales del PSOE y dos no adscritos optaron por posponer la decisión sobre la nulidad de la licencia hasta que se presentaran nuevos informes sobre su impacto económico. Esta decisión generó tensiones internas en el PSOE, llevando a la apertura de expedientes de expulsión a algunos concejales.
Además, es importante señalar que la Fiscalía de Almería ha abierto diligencias para investigar si los siete concejales que apoyaron esta postergación incurrieron en un delito de prevaricación administrativa. La denuncia fue presentada por Salvemos Mojácar.
Desde la asociación liderada por Fernández se ha criticado que en el Pleno posterior del 7 de julio se aprobó la revisión sin incluir los informes solicitados anteriormente. Según ellos, esto implica que el alcalde impulsó deliberadamente una nueva votación sin cumplir con los acuerdos previos.
A pesar de que este acuerdo puede ser interpretado como una declaración de ilegalidad respecto a la licencia, también establece un procedimiento posterior para determinar si la constructora tiene derecho a recibir alguna indemnización. El Ayuntamiento ahora debe evaluar tanto cualitativa como cuantitativamente qué cantidades serían necesarias desembolsar.
La postura adoptada por el Ayuntamiento ha sido respaldada por el Consejo Consultivo de Andalucía. Sin embargo, la asociación coincide con el concejal no adscrito Felipe Cayuela y José Luis Amérigo, exalcalde y portavoz expulsado del PSOE, en exigir informes económicos-financieros y jurídicos antes de proceder con cualquier acuerdo.
En su escrito, argumentan que no están pidiendo que estos informes retrasen indebidamente una resolución judicial; más bien sostienen que el Ayuntamiento debe equilibrar sus obligaciones legales con los acuerdos plenarios previos. Esto incluye obtener los informes necesarios dentro del plazo judicial establecido o justificar adecuadamente cualquier imposibilidad para hacerlo.