El contador de promesas habitacionales de Pedro Sánchez ha perdido la cuenta de las cifras. Entre pisos procedentes de la Sareb, impulsos legislativos y anuncios de 183.000 viviendas públicas lanzados a vuela pluma, la realidad en la provincia de Almería —donde la emancipación juvenil roza la categoría de ciencia ficción y los precios del alquiler siguen escalando— es que los ladrillos estatales brillan por su ausencia. Para solucionar semejante sequía, al Gobierno de España no se le ha ocurrido mejor idea que convertirse en portal inmobiliario y lanzar la plataforma Casa 47, en un entrañable guiño al artículo 47 de la Constitución.
Este alarde de gestión pública remueve la memoria histórica de las ocurrencias ministeriales. Es imposible no recordar a María Antonia Trujillo, aquella ministra de Vivienda bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, que para sofocar el problema habitacional regaló las célebres zapatillas Keli Finder —asimilando «keli» al argot de casa y «finder»—. Por lo visto, la estrategia del Estado frente a la falta de techo oscila entre mandar a los jóvenes a patear la calle con deportivas de diseño dudoso o ponerlos a hacer scroll en una web pública, con la consiguiente dosis de traspasar el problema del Gobierno al ciudadano: «haber vivienda pública asequible hay, y si no la encuentras es culpa tuya, asi que ponte las zapatilla para callejear en su búsqueda, o muévete en internet».
Sin embargo, la iniciativa digital capitaneada bajo el paraguas del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que dirige Isabel Rodríguez no destaca únicamente por su inoperancia práctica, sino por su peculiar visión de la geografía y la diplomacia estatal. En los mapas del portal, trazados presuntamente bajo la supervisión del batallón de asesores de Moncloa, el Sahara Occidental —territorio donde el Estado español figura teóricamente como potencia administradora ante la Organización de las Naciones Unidas— aparece de un plumazo anexado al Reino de Marruecos.
La genialidad cartográfica no acaba ahí. En plena resaca de la crisis vivida en Ceuta —con el cruce irregular de miles de personas por la frontera—, la divisoria de las ciudades autónomas con el país vecino fue ilustrada en la web con líneas discontinuas, el trazo reservado internacionalmente para delimitar territorios con soberanía disputada. Ni la Unión Europea ni ningún organismo internacional cuestionan la soberanía española de Ceuta y Melilla, pero el propio Gobierno de Sánchez se encarga de relativizar sus fronteras en una web oficial a cambio de sosiego diplomático.
Entre la falta de pisos reales, las zapatillas de María Antonia Trujillo y los mapas regalados a la geopolítica alauí, el panorama deja poco margen a la duda: ante semejante nivel de asesoramiento, lo único sensato pasa por calzarse las Keli Finder y salir corriendo.