Dimitir tras dar 0,75 al volante no tiene nada de "ejemplar", por mucho que la alcaldesa se empeñara en venderlo así el pasado 25 de agosto. Es, simplemente, lo que toca. Hay renuncias que exigen folios de explicaciones y otras que no necesitan ni medio minuto; la de Diego Cruz pertenece a las segundas. Lo cazó la Policía Nacional a la salida del ferial de Almería, conduciendo un coche oficial y triplicando la tasa permitida. Se ha ido rápido y sin rechistar, algo que hoy resulta raro en política, pero marcharse porque no te queda otra salida tampoco te convierte en un héroe. Una cosa es la vía penal y otra muy distinta la ética mínima para seguir sentándote en un sillón municipal.
Por el camino queda un detalle casi berlanguiano: la Policía Nacional tuvo que llamar a la Local para hacer la prueba porque la patrulla que lo interceptó no tenía el aparato homologado.Y el etilómetro, que no entiende de concejalías, hizo su trabajo. Pero la historia deja dos responsabilidades, no una. La primera es conducir con esa tasa de alcohol; la segunda, usar el coche oficial como si fuera de uno privado para irse a la Feria. Las Bases del Presupuesto están para algo: el vehículo municipal es para trabajar, requiere un parte de viaje y un conductor asignado. Sin eso, no es el coche de empresa del edil.
Con la dimisión se cierra el expediente personal, pero no el político. Una renuncia se firma en dos minutos; lo que hay detrás son tres años de gestión que merecen explicaciones. El Pleno extraordinario del pasado miércoles era la plaza perfecta para pedir cuentas. Se había convocado para tramitar la salida de Cruz y la entrada de su sustituto, Sandro Soler. Era el momento de que la oposición fiscalizara. Sin embargo, prefirieron callar y dejar correr el turno.
Ese silencio le regaló el micrófono en bandeja a la portavoz del PP, Sacramento Sánchez, que aprovechó para calificar la dimisión como un "ejercicio de coherencia frente al error" y sacar pecho del trabajo de Cruz: más de 400 espectáculos y 500 artistas que, según ella, han colocado a Almería en el mapa del turismo y los festivales.
Pero acoger festivales no es lo mismo que tener una política cultural. Mucho de ese supuesto éxito depende de la chequera y la logística pública -limpieza, policía, permisos, espacios o subvención directa- puestas al servicio de promotores privados. En cuanto un promotor decide llevarse el Dreambeach a Vélez-Málaga, como ha ocurrido este año, la ciudad descubre de golpe que su gran escaparate no era suyo, sino de una empresa que simplemente ha cambiado de sede. La pregunta que faltó fue cuánto le cuesta a la ciudad cada uno de esos 400 espectáculos, qué contratos menores se han firmado, qué convenios y a qué precio.
Lo mismo ocurre con el mantra del "impacto en el comercio". Queda muy bien en las notas de prensa, pero la realidad de la calle es otra. Un macroevento te llena los hoteles y las terrazas más cercanas al recinto, pero deja el Centro Histórico completamente desierto y con las persianas bajadas. Hay negocio, claro que sí, pero ni se reparte por igual ni llega a toda la ciudad.
Pregunten en la calle de las Tiendas, en las librerías, en las salas pequeñas que malviven once meses al año esperando que alguien se acuerde de ellas. Allí el impacto no se mide en pernoctaciones ni en pulseras de festival. Se mide en si pueden pagar el alquiler de febrero. Y en febrero no hay Dreambeach.
Llenar el calendario de fechas no equivale a cuidar la cultura local. Las cifras no aclaran cuántas compañías almerienses han tenido trabajo real ni cuántos proyectos locales han tenido continuidad. El Sr. Cruz terminó su gestión confundiendo programar con producir. Es un modelo vistoso mientras duran los focos, pero desolador cuando la música se apaga y el escenario se desmonta.
Ese era el debate que la oposición debía haber forzado en el salón de plenos, en lugar de permitir que el Gobierno municipal convirtiera el trámite en un acto de autoelogio. Para eso esta la oposición: para proponer, fiscalizar, pedir expedientes y exigir explicaciones.
Diego Cruz tuvo que dejar el cargo por culpa del alcoholímetro. El problema es que para medir la costumbre de sentirse por encima de las normas y del dinero público no hay ningún aparato homologado; para eso está la política.