Hay un arte sublime en la prestidigitación política que consiste en negar la existencia de un documento hasta el momento exacto en que te ves obligado a desclasificar cuatro decenas de ellos. Ocurrió a finales del pasado mes de julio con el "asalto a la integridad territorial" de España en Ceuta. Al principio, la versión oficial ofrecida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, era nítida: no constaba informe alguno que alertase sobre lo que se avecinaba. Poco después, en un giro propio del teatro del absurdo, el Ejecutivo anunció la desclasificación de 40 informes de inteligencia. De la nada más absoluta al archivo saturado en cuestión de días.
Superada la pantalla de la existencia de los papeles, comenzó la pirueta semántica. El propio Fernando Grande-Marlaska y la ministra de Defensa, Margarita Robles, salieron al paso para matizar que, si bien los textos preveían movimientos en la frontera, en ningún sitio aparecía escrita la etiqueta de «alerta por cruce masivo». La duda que asalta a cualquiera en la provincia de Almería, acostumbrada a mirar de frente al mar y a sufrir la gestión de los flujos migratorios, es qué entiende exactamente este Gobierno por el concepto «masivo».
Los informes —aquellos que no existían— hablaban claramente de un «riesgo extremo», subrayado en rojo, de un intento de entrada "coordinada" tanto por vía terrestre como marítima. Advertían además de la presencia de grupos en redes sociales con hasta 180.000 usuarios movilizados para asaltar el perímetro fronterizo desde Marruecos. Hagamos la cuenta de la vieja, esa aritmética elemental que parece atragantarse en las altas esferas de Madrid. Si de esos 180.000 individuos convocados solo hubiese acudido un 10 %, hablaríamos de 18.000 personas. Si respondía un tímido 5 %, la cifra se situaba en 9.000. Y si únicamente el 1 % decidía secundar la llamada, el contingente rondaría las 1.800 o 2.000 personas irrumpiendo a la vez en una valla vigilada por media docena de agentes de la Guardia Civil. ¿Dos mil personas coordinadas a la carrera no constituyen un evento masivo? ¿Qué esperaban en el Ministerio del Interior? ¿cuantas personas debía haber para tener el calificativo de "masiva"? ¿2.000 personas a la vez contra la frontera no es masivo?
El sainete alcanza el clímax con las explicaciones del Delegado del Gobierno en Ceuta, sugiriendo poco menos que la información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) debía haber llegado en un sobre lacrado con sello de cera roja para ser tomada en serio. En pleno siglo XXI, resulta fascinante imaginar a los altos cargos estatales esperando a que un mensajero a caballo entregue un pliego confidencial para enterarse de lo que se organiza abiertamente en Telegram. Quizá el Ejecutivo necesitaba una lista de distribución con nombres, apellidos y dirección postal de cada uno de los asaltantes antes de mover un solo efectivo.
Rozaría el chiste malo si no fuera porque está en juego la integridad territorial del Estado, una expresión pomposa que el propio Pedro Sánchez no duda en utilizar en sus comparecencias, aunque luego sus decisiones contengan la firmeza de un flan. Reconocer un ataque a la soberanía en el discurso y mostrar una parálisis cómplice en la práctica no es prudencia política; es tomar por tontos a los ciudadanos.