El responsable del sector de Educación en la central sindical
CSIF en la provincia de
Almería, Juanfra Caballero, ha presentado un pormenorizado análisis sobre la situación del sistema educativo andaluz y su impacto directo en la provincia almeriense. En su balance sobre la evaluación del curso escolar, el representante sindical ha hecho un llamamiento directo a las instituciones y a la administración educativa, subrayando que la evaluación se ha realizado "con responsabilidad, reconociendo los logros que se han conseguido", pero "poniendo encima de la mesa los problemas de los estudiantes que se sufren mediante la violencia en la Secretaría de Educación" y en las aulas. Caballero ha valorado el inicio del periodo lectivo recordando que la normalidad no debe ocultar los déficit existentes y ha advertido de que resulta imprescindible dotar al sistema de "los recursos apropiados para la diversidad", garantizando que el profesorado disponga de las condiciones adecuadas "para que pueda generar competencia para enseñar a la gente".
Los datos del sondeo trasladado por el propio profesorado de la provincia de
Almería reflejan una preocupante radiografía del estado de los centros escolares. Según ha detallado Juanfra Caballero, "el 93,10% del profesorado ha comentado que las ratios son elevadas, excesivas, con unas porcinas de la realidad", mientras que "el 85,20%" advierte del grave déficit en "los recursos humanos que atienden a la diversidad", estimando que solo entre el 7% y el 10% de las necesidades están cubiertas adecuadamente. Además, un 40% de los docentes consultados considera "la cantidad de la plantilla como excesiva o alta" en cuanto a la sobrecarga de trabajo asignada. Para el responsable de
CSIF, estas cifras constituyen "señales objetivas que salen de los datos objetivos y de toda la comunicación que nos llega por parte profesional", lo que demuestra la necesidad urgente de tomar medidas eficaces de planificación.
En cuanto a la evolución de la escolarización, el representante de
CSIF ha llamado la atención sobre la singularidad demográfica de
Almería en el mapa andaluz. Caballero ha explicado que "en
Almería ha habido un aumento de matriculación del 20,8%, y un aumento de 22,7% en la red pública", un dato que contrasta con el panorama autonómico donde la red pública pierde peso frente a la concertada y la privada. A pesar de que para el próximo curso se prevé "una pérdida del 1,5%", el dirigente sindical sostiene que "menos alumnado no puede significar menos escuelas públicas" y que el contexto demográfico debe ser interpretado como "una oportunidad grande para bajar la ratio donde sea necesaria". Del mismo modo, ha reclamado a la
Junta de Andalucía que no aplique un reparto uniforme de medios, dado que "no podemos dividir los recursos por igual entre las ocho provincias ni dentro de la propia provincia". En este sentido, ha remarcado que la capital, el Levante, el Poniente o el interior provincial presentan realidades dispares que exigen a la
Junta de Andalucía una planificación diferenciada para garantizar que la escolarización "no dependa de la capacidad económica de las familias".
El incremento exponencial de la Formación Profesional y el trasvase de alumnos a los centros privados se ha situado como otro de los puntos centrales del informe de
CSIF. Juanfra Caballero ha alertado de que la Formación Profesional "conecta directamente la educación, el empleo y las oportunidades", pero la red pública almeriense y andaluza está perdiendo terreno frente a la oferta privada. En los últimos cinco años, según los datos expuestos, la FP privada "ha crecido en un 80% con respecto a un 22%" de la oferta pública, pasando la enseñanza pública de ostentar un 67,60% del peso en julio a un 64,4%, mientras que la privada ha crecido un 22,2%. En el ámbito general de la Formación Profesional, el 61,2% del alumnado acude a la enseñanza privada y el 91,9% con respecto al conjunto del sistema, habiéndose multiplicado por tres la demanda hasta alcanzar los 23.882 candidatos. "De todo el crecimiento de las plazas de FP, aproximadamente el 42% ha acabado en la privada", ha enfatizado el responsable de
CSIF en
Almería, quien ha urgido a encauzar esta demanda aumentando la capacidad y financiación de los institutos públicos de la provincia.
La atención a las necesidades específicas de apoyo educativo registra igualmente una desproporción severa. Mientras que la demanda de necesidades electrónicas y de atención especial se ha incrementado en torno a un 55%, la dotación de personal especializado para lenguaje y prevención solo ha aumentado en torno a un 10%. Esta brecha se acentúa en la provincia de
Almería, donde la solicitud de apoyo "es cuatro veces superior al incremento del personal especializado en la red pública". Caballero ha manifestado su alarma ante situaciones en las que un profesional especializado apenas dispone de cinco minutos para atender a un alumno, enfatizando que "en una provincia con mucha inmigración tenemos zonas que deben constituir prioridades y tenemos que buscar más recursos para atender esta diversidad y no queremos que los datos sean catastróficos". La provincia ha visto incrementarse su censo escolar de 102.000 a 140.000 alumnos, lo que ha agravado los problemas de convivencia y salud emocional en los centros escolares, en un contexto donde Andalucía registra una ratio de orientadores de 10,7 por volumen escolar frente a la referencia de 0,2 recomendada por organismos internacionales.
Al hilo de los últimos resultados académicos registrados en el Estado español por el alumnado de 15 y 16 años en ciencias y matemáticas, Juanfra Caballero ha subrayado la urgente necesidad de implementar una reforma profunda del sistema educativo cimentada en cuatro pilares: incrementar la inversión en la educación pública, reducir la temporalidad docente, impulsar un pacto por la educación que aporte estabilidad y mejorar las condiciones profesionales del sector. Para dar respuesta a estos retos y superar el marco de las nueve leyes educativas autonómicas y las tres leyes estatales de base,
CSIF propone la incorporación de entre 17.000 y 19.000 docentes estructurales anuales, con el fin de consolidar bajadas de ratio a 22 alumnos en aulas ordinarias y a 4 o 5 en atención a la diversidad, además de duplicar el personal de orientación, audición y lenguaje y apoyos. Caballero ha lamentado también la elevada interinidad del profesorado en
Almería, que oscila entre el 17% y el 30,02%, situándose muy por encima del 8% fijado por la Unión Europea, por lo que ha exigido una modificación transparente del sistema de acceso a la función pública basada en pruebas prácticas y competencias docentes.
El desglose financiero y las condiciones laborales del profesorado andaluz y almeriense ocupan un capítulo destacado en la denuncia de la organización sindical. La inversión educativa en la comunidad andaluza se sitúa en 6.921 euros por alumno, una cifra inferior a la media del Estado español, fijada en 7.421 euros. Esta diferencia presupuestaria se traduce en serias deficiencias materiales, puesto que "el 27,60% del profesorado indica que la edificación necesita mejoras o presenta deficiencias" en materias clave como la climatización, a lo que se añade la paralización desde hace seis años de la Ley de Autoridad Docente para prevenir la violencia en las aulas. En el terreno retributivo, la discriminación salarial resulta determinante: un docente con 15 años de experiencia en la enseñanza pública andaluza percibe 126 euros menos al mes que la media del Estado español tanto en educación primaria como en secundaria, una brecha que se dispara hasta los 650 euros mensuales menos si se compara con las autonomías con mayores salarios, lo que supone una pérdida de hasta 8.000 euros al año para los profesionales almerienses.
Por todo ello, Juanfra Caballero ha cerrado la evaluación reclamando a la
Junta de Andalucía el cumplimiento íntegro de los acuerdos de homologación y mejoras de plantilla alcanzados en las mesas de negociación, haciendo hincapié en el pacto alcanzado el 16 de julio de 2005. El responsable de Educación de
CSIF en
Almería ha reiterado que "los avances conseguidos deben cumplirse íntegramente" para garantizar la estabilidad del profesorado, revertir el deterioro de las aulas y asegurar una enseñanza pública de calidad adaptada a las necesidades reales de los estudiantes en toda la provincia.