El Consejo de Ministros ha declarado este martes zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil --anteriormente conocida como zona catastrófica-- el territorio perjudicado por el incendio forestal declarado el pasado 24 de agosto en Las Tres Villas (Almería), que se extendió también al término municipal de Nacimiento y dejó finalmente 200 hectáreas de arbolado y matorral afectadas.
El incendio figura entre los 112 episodios adversos registrados en 14 comunidades autónomas entre el 27 de julio y el 31 de agosto de 2026 que han quedado incluidos en el acuerdo, según ha informado el Ministerio del Interior en una nota.
En Andalucía, el acuerdo recoge seis episodios: cinco incendios forestales, registrados en Isla Antilla, en Lepe (Huelva); Cerro Muriano (Córdoba); Lecrín (Granada); Niebla (Huelva); y Las Tres Villas (Almería), además de la serie sísmica de Alhendín-La Zubia-Granada comunicada el 15 de agosto.
En el caso de Almería, el fuego se originó en el paraje Doña María y obligó a activar la fase de emergencia, situación operativa uno, del Plan Infoca. Durante su evolución se decretó el confinamiento de ocho personas en los núcleos de Gilma y Los Sanchos, mientras que otras nueve fueron desalojadas de forma preventiva de los diseminados de Los Gatos, Piedras Blancas, La Estación y Los García.
Las llamas, que también alcanzaron un parque eólico, obligaron además a cortar la carretera que comunica Las Piletas con Gilma y Los Sanchos y a interrumpir la circulación ferroviaria entre Abla-Abrucena y Doña María-Ocaña. El incendio quedó extinguido el 26 de agosto, con un balance final de 50 hectáreas de arbolado y 150 de matorral afectadas.
La declaración aprobada por el Consejo de Ministros habilita a los distintos departamentos ministeriales a poner en marcha líneas de ayuda para compensar los daños sufridos por personas e instituciones en los territorios afectados.
En concreto, las personas o entidades que acrediten daños pueden solicitar ya a la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias ayudas para paliar daños personales y materiales en viviendas y enseres, gastos de corporaciones locales y perjuicios en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios. También se contemplan ayudas para personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales o de bienes para responder a la emergencia.
El Ministerio del Interior estudiará además la posibilidad de aprobar exenciones de las tasas de Tráfico para los duplicados de permisos de circulación o conducción, las bajas de vehículos siniestrados y la expedición del DNI en caso de pérdida o destrucción.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda concretará la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y la reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), mientras que las ayudas por daños personales estarán exentas del IRPF.
Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrán desarrollar bonificaciones y exenciones de cuotas de la Seguridad Social.
Asimismo, Política Territorial y Memoria Democrática concederá ayudas de hasta el 50 por ciento para los proyectos que ejecuten las entidades locales destinados a reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales.
Además, los departamentos ministeriales podrán declarar zona de actuación especial y la emergencia de las obras necesarias para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública en los territorios afectados.
Los contratos para la reparación o mantenimiento de infraestructuras, equipamientos o servicios, así como para la reposición de bienes perjudicados y la valoración de daños, podrán tener la consideración de obras, servicios o suministros de emergencia, cualquiera que sea su cuantía.
El Gobierno ha señalado que las medidas podrán ampliarse una vez disponga de una evaluación más completa de los daños, realizada en colaboración con las administraciones autonómicas y locales afectadas.