La escalada incesante en los costes de la energía amenaza con paralizar de forma inminente la actividad agraria en la provincia de
Almería y en el conjunto del país. Lo que comenzó como un impacto directo en el bolsillo de las familias para sus desplazamientos habituales se ha transformado en un obstáculo insalvable para las explotaciones agrícolas, que ven comprometida la viabilidad de sus cosechas ante el encarecimiento desmedido del combustible necesario para hacer funcionar su maquinaria.
Las tensiones bélicas en Oriente Medio y la paralización del tránsito de mercancías por el estrecho de Ormuz han desencadenado un repunte inflacionario de escala global. Sin embargo, el sector primario sufre las consecuencias de manera especialmente severa. Durante los últimos seis meses, el precio del gasóleo destinado a las labores agrícolas ha experimentado un incremento superior al 45%, situándose por encima de 1,40 euros el litro. Esta cifra implica que llenar el depósito de un tractor convencional suponga hoy desembolsar más de 421 euros, lo que representa un sobrecoste de unos 130 euros en comparación con los valores registrados medio año atrás.
Esta coyuntura crítica coincide con el inicio de fases determinantes en el calendario agrario, como la siembra de millones de hectáreas de cereal. Organizaciones agrarias como COAG alertan de que trabajar bajo las condiciones del mercado actual aboca al sector a operar a pérdidas, lo que obligará a dejar parados gran parte de los vehículos y útiles de labranza. La imposibilidad de afrontar estos costes operativos anticipa, según advierten los profesionales, una seria reducción en la producción alimentaria de toda la Comunidad andaluza y del resto de España.
El impacto no se limitará al trabajo en las explotaciones, sino que repercutirá directamente en los consumidores. Estudios del sector señalan que las subidas sostenidas en los carburantes generan un traslado directo a los precios finales de los productos de primera necesidad. Ante el fuerte encarecimiento experimentado por el diésel agrícola, los análisis prevén un repunte del coste de los alimentos de hasta el 11,6% al cierre del presente ejercicio, impulsado por los elevados costes de producción y la incertidumbre en los mercados internacionales.
Con precios de venta estancados desde hace más de una década y facturas de combustible que rozan los 1,59 euros el litro frente al euro escaso de hace seis meses, la situación resulta insostenible.
Ante este panorama de emergencia, la representación del campo ha reclamado una reunión urgente con el Gobierno del Estado para implementar de forma inmediata un plan de choque. Entre las demandas planteadas figura extender las bonificaciones al diésel y la reducción del IVA al 10% hasta finales de diciembre de 2026, además de revisar el límite actual de 0,20 euros por litro para ajustar la ayuda a los gastos reales. Asimismo, el sector solicita un sistema de descuento directo en el momento del repostaje mediante tarjetas profesionales para evitar demoras en las devoluciones y exige mayor transparencia pública sobre los márgenes comerciales que aplican las distribuidoras en las distintas zonas del país.