Los virulentos episodios forestales registrados durante los últimos meses en la provincia de
Almería, entre los que destaca el fuego declarado en el término municipal de
Los Gallardos, junto a la emergencia acontecida en la localidad onubense de Niebla, han forzado una reestructuración de la estrategia autonómica contra los incendios. Durante el pleno que ha dado inicio al curso parlamentario, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, hizo pública la inminente conformación de la Comisión Interdepartamental para la Mitigación y Prevención del Riesgo de Incendios. Este nuevo mecanismo de la
Junta de Andalucía buscará unificar la actuación de los diversos departamentos autonómicos para mitigar una tipología de emergencias que, según remarcó la administración autonómica, exige superar el enfoque clásico limitado a la intervención forestal y la extinción de las llamas.
La visión defensiva que plantea el Gobierno autonómico parte del diagnóstico de que las llamas han adquirido una agresividad sin precedentes en el Estado. Sanz argumentó que los siniestros actuales poseen una "extraordinaria complejidad", lo que obliga a adoptar una postura multisectorial, territorial y preventiva operada durante los doce meses del año. Este órgano colegiado se encargará de coordinar proyectos, programas y partidas presupuestarias entre las distintas consejerías para incidir de manera continua en las causas originarias, la dispersión del fuego y los factores de vulnerabilidad en el territorio andaluz. Para ello, el presupuesto destinado por la administración autonómica a la protección del entorno forestal asciende a 271 millones de euros, focalizando la inversión en tareas de prevención antes que en la posterior respuesta operativa.
En el desglose económico expuesto durante la sesión plenaria, la consejería enfatizó la dotación de 28 millones de euros para la realización de intervenciones selvícolas de carácter preventivo, a los que se añaden más de 24 millones movilizados entre los ejercicios 2024 y 2025 para acondicionar e intervenir sobre más de 2.000 kilómetros de caminos en los montes. A estas cifras se suma una inversión histórica acumulada de 165,4 millones de euros desde el año 2020 para la modernización de infraestructuras de auxilio.
Respecto al operativo humano y material del dispositivo Infoca, las cifras ofrecidas sostienen que el servicio cuenta en la actualidad con cerca de 5.000 profesionales. El Ejecutivo autonómico remarcó los avances en materia de estabilidad laboral mediante la prolongación de la contratación del personal operativo a la totalidad del año y la convocatoria efectuada el pasado mes de abril para cubrir 234 plazas fijas. El despliegue de campo se completa con 43 aeronaves y 108 vehículos autobomba, con el 84% de sus unidades renovadas de forma reciente.
Al hacer balance de las intervenciones estivales, el responsable de Emergencias puso un énfasis especial en el incendio desatado en Niebla, al que definió taxativamente como "un auténtico monstruo de siete cabezas". El consejero aseveró que se trató del episodio de mayor dificultad en los registros de la Comunidad, aduciendo que la capacidad de destrucción potencial "podría haber sido cuatro veces mayor" si los servicios de extinción no hubieran contenido su avance. El plan de acción inmediato sobre la zona afectada se concentra ahora en la restauración paisajística, el tratamiento para prevenir la erosión del suelo y la contención de daños colaterales ante la llegada de la temporada de lluvias.
No obstante, la exposición institucional dio paso a un agrio debate parlamentario con los grupos de la oposición, que arremetieron contra la gestión del dispositivo de emergencias. Desde las filas del
PSOE, el parlamentario Rodrigo Sánchez Haro criticó duramente la falta de sensibilidad del consejero por no haber brindado "ni una sola palabra a las víctimas, ni una", recordando el trágico saldo de 15 personas fallecidas durante la época estival en el país. El diputado socialista censuró la política informativa de la administración autonómica al señalar que "detrás de las hectáreas calcinadas, de las fotos de los helicópteros y de los partes oficiales de propaganda, lo que hay son 15 vidas y 15 familias destrozadas", reclamando la puesta en marcha de una comisión parlamentaria de investigación para fiscalizar las deficiencias de coordinación y el funcionamiento del sistema informativo Es-Alert.
Por parte de las fuerzas parlamentarias a la izquierda de la Cámara, la crítica hacia la gestión de la administración autonómica fue igualmente rotunda. La representante de Adelante Andalucía, Mari Carmen García, censuró "el desmantelamiento" de los servicios públicos de emergencias y afeó al consejero que mire para otro lado ante las peticiones del personal del Infoca. García atribuyó la gravedad de las emergencias a una concatenación de negligencias del Ejecutivo autonómico, agravadas a su juicio por la asunción de tesis que desacreditan la evidencia ambiental. En la misma línea, el portavoz adjunto de Por Andalucía, Rafael Sánchez Rulfo, instó a abandonar la "política del publirreportaje" y la puesta en escena con el "chaleco", demandando una defensa firme de los recursos públicos y el reconocimiento formal de los efectos del cambio climático sobre el ecosistema. Ambos grupos coincidieron en la urgencia de abrir una investigación oficial dentro del parlamento autonómico.
Desde las posturas que respaldan la acción del Gobierno o plantean alternativas de gestión rural, las intervenciones adoptaron un matiz diferente. El portavoz del
PP, Juan Antonio Márquez, rechazó de plano lo que calificó como una "utilización torticera" y una "exageración catastrofista" del bloque de izquierdas. Márquez advirtió al principal partido de la oposición de que sostener acusaciones sobre supuestas negligencias o descoordinaciones en la extinción exige acudir de forma directa a la vía judicial. Por otro lado, el representante de Vox, Rodrigo Alonso, achacó la magnitud de las llamas a la deficiente limpieza previa del matorral seco e insistió en la necesidad de articular planes preventivos que devuelvan las competencias de conservación ambiental a la población rural.
El cierre de la sesión estuvo marcado por la réplica del vicepresidente primero, quien rechazó tajantemente las insinuaciones sobre procesos de privatización en el Infoca, garantizando que todo el personal operativo pertenece de manera directa a la administración pública. Antonio Sanz lamentó el clima de confrontación política generado en torno a la tragedia, concluyendo que "suficiente catástrofe hemos tenido ya con las víctimas para que se vengan aquí a echar la mentira como porquería para el rédito político", al tiempo que reiteró su llamado a la unidad de las fuerzas parlamentarias para fortalecer los instrumentos defensivos del territorio.