Hay paradojas burocráticas que ni el mejor guionista de comedia absurda podría haber diseñado con tanta precisión. Ha transcurrido ya más de mes y medio desde aquel episodio en el que decenas de miles de personas asaltaron la frontera entre Marruecos y la Unión Europea en Ceuta. Aunque cerca de 70.000 regresaron al país vecino por iniciativa propia, en territorio español permanecen entre 10.000 y 13.000 personas a la espera de que la administración central cumpla con el trámite más elemental del derecho: filiarlos, es decir, ponerles nombres y apellidos, mirar si tienen antecedentes policiales o penales, saber si tienen orden de expulsión anterior, o si tienen prohibida la entrada, si son reclamados por algún país...
Nadie discute que aquellos ciudadanos procedentes de países subsaharianos castigados por la dictadura, la guerra o la descomposición institucional deban recibir la protección internacional que legalmente les ampara. La cuestión jamás ha sido escatimar refugio al vulnerable, sino entender cómo el Gobierno de España gestiona la logística con una asimetría tan desconcertante.
Para acometer la tarea de filiar e identificar a este contingente, el departamento que encabeza el ministro del Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha desplegado una infraestructura tecnológica que roza la parodia: los efectivos encargados del operativo trabajan con menos de 20 ordenadores. Veinte pantallas para procesar a más de diez mil personas. El resultado es un cuello de botella monumental por el que, a día de hoy, no se ha ejecutado la devolución a Marruecos de absolutamente ningún ciudadano sin derecho a asilo.
La ironía alcanza cotas magistrales cuando se pone en perspectiva. Cuando el ejecutivo presidido por Pedro Sánchez se ha propuesto agilizar trámites en el pasado —como durante la regularización express que permitió tramitar la situación de 1,2 millones de extranjeros en el plazo récord de un mes—, la burocracia estatal se transformó en un prodigio de velocidad digital. Treinta días bastaron para gestionar más de un millón de expedientes; cuarenta y cinco días no son suficientes para teclear diez mil fichas de filiación.
Vituperar a los funcionarios de carrera por este atasco sería un ejercicio de profunda injusticia, pero tampoco podría extrañarnos de quien pone a los pies de los caballos incluso a sus propios servicios de inteligencia, a sus propios jueces, a sus propios policías... El personal rinde hasta donde le permiten los recursos que la firma política decide asignar. La verdadera incógnita habita en las moquetas ministeriales: ¿cómo se explica que el mismo aparato institucional que liquida más de un millón de regularizaciones en cuatro semanas sea incapaz de enviar personal y material suficiente para solventar lo que se está viviendo en esta frontera caliente? A este ritmo, la inoperatividad deja de parecer torpeza organizativa para empezar a perfilarse como una sospechosa y muy conveniente eficacia diferida.