Un giro imprevisto en los requisitos fijados por el Ejecutivo central para las subvenciones al sector cinematográfico ha puesto en peligro la financiación de diez salas de exhibición en la provincia de
Almería. Ante esta situación, la
Junta de Andalucía ha formalizado un recurso de reposición con el objetivo de frenar la reclamación ministerial que exige la devolución de casi 1,4 millones de euros asignados a la Comunidad.
La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, ha denunciado ante el Parlamento autonómico la falta de coordinación entre los ministerios de Hacienda y Cultura. La responsable andaluza ha reprochado que la administración estatal pretenda aplicar con carácter retroactivo una condición temporal que obligaba a que los expedientes no solo estuvieran convocados antes de finalizar el año 2025, sino también resueltos y abonados en ese mismo ejercicio, una exigencia que no constaba en los criterios iniciales pactados en la Conferencia Sectorial.
Este cambio en la interpretación administrativa afecta de forma directa a 112 recintos cinematográficos distribuidos por el territorio autonómico, convirtiendo a la Comunidad en la más castigada del país, por encima de otros territorios como la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Baleares o Navarra. El mapa de espacios perjudicados incluye las diez instalaciones almerienses junto a las ubicadas en las provincias de Sevilla, Córdoba, Cádiz, Málaga, Jaén, Granada y Huelva.
Desde el Ejecutivo autonómico sostienen que la tramitación se ejecutó en estricto cumplimiento de los plazos comprometidos y que la totalidad de los fondos se volcó en la actividad cultural prevista. Por ello, la consejería ha exigido una rectificación al Estado para evitar que las salas asuman el coste de esta decisión, al tiempo que ha contrapuesto esta situación con el incremento del respaldo financiero del gobierno autonómico a la producción y desarrollo audiovisual para garantizar la estabilidad del sector.