La urgencia por acortar los plazos en los procedimientos judiciales que afectan al ámbito familiar ha sido la gran prioridad en el primer encuentro de trabajo de la Comisión Provincial de Derecho de Familia celebrada en
Almería. La cita, encabezada por el máximo responsable de la Audiencia Provincial, Luis Columna, ha reunido a representantes del ámbito judicial, la
Diputación de Almería y la
Junta de Andalucía con la meta de coordinar medidas que permitan agilizar el sistema y resolver los cuellos de botella que sufren estos juzgados.
El principal foco de preocupación radica en la tardanza de los informes psicosociales, una problemática que inquieta especialmente a los profesionales de la abogacía especializada. Estos retrasos son aún más acusados en aquellos partidos judiciales fuera de la capital almeriense que carecen de tribunales específicos para estas materias. En la actualidad, el tiempo de espera para disponer de estas evaluaciones clave llega a demorarse durante meses. Para frenar este colapso, se ha propuesto reforzar el personal mediante la creación del doble de equipos técnicos de valoración, una vía que dependerá del refuerzo de medios aportado por la administración autonómica y el gobierno provincial.
Durante la sesión se ha enfatizado la importancia de evitar que estas demoras perjudiquen a los menores o deriven en nuevos desacuerdos. Por ello, se pretende acelerar la toma de decisiones en asuntos críticos como el otorgamiento de custodias, la fijación del régimen de visitas o la adopción de medidas de protección. A su vez, se han planteado iniciativas orientadas al bienestar infantil, como impedir que los niños comparezcan de forma repetida en el juzgado e habilitar dependencias adaptadas a sus necesidades durante el trámite de exploración judicial.
El plan de actuación abordado en la reunión contempla de igual forma profundizar en la preparación técnica de los operadores jurídicos mediante programas de formación continua en psicología infantil, violencia doméstica y normativa de familia, extensibles a la Fiscalía y a los gabinetes cualificados. Asimismo, se pretende impulsar los mecanismos de mediación para incentivar pactos amistosos que rebajen el volumen de litigios, potenciar el uso de aplicaciones digitales que simplifiquen las gestiones y afianzar los canales de comunicación entre los órganos judiciales, la red educativa, los servicios sanitarios y los organismos de atención al menor. Por último, se busca consensuar criterios interpretativos a partir del marco jurisprudencial en asuntos clave como la guarda compartida o el reparto del hogar conyugal, aportando una visión más humana a procedimientos marcados por una compleja carga afectiva.