La provincia de
Almería afronta un notable incremento de la actividad delictiva que contrasta con la escasez de plantilla en las fuerzas de seguridad. Las parlamentarias en el Congreso Maribel S. Torregrosa y Ana Martínez Labella han apremiado al subdelegado del Gobierno en la provincia, José María Martín, a dar explicaciones y tomar decisiones contundentes tras constatarse una tendencia al alza en las infracciones penales acumuladas entre los meses de enero y junio.
La evolución estadística refleja una diferencia marcada al cotejar los datos del primer semestre de 2018 -año en comenzó a gobernar Pedro Sánchez- con los del mismo periodo del presente año. Mientras que en aquella época se contabilizaron cerca de 13.900 infracciones, la cifra actual sobrepasa las 17.700 faltas y delitos, lo que supone una subida superior al 27%. Este crecimiento de la delincuencia supera holgadamente el ritmo de expansión demográfica de la provincia, cuyo censo ha aumentado un 11% en el mismo ciclo temporal.
Desde las filas del
PP han remarcado la severidad de ciertos tipos penales que muestran repuntes significativamente más altos que las medias registradas en la Comunidad andaluza o en el conjunto del Estado. Destacan los robos acometidos con violencia e intimidación, que experimentan un repunte del 34% en el territorio almeriense frente al descenso generalizado en el resto del país. De igual manera, las sustracciones de vehículos han crecido por encima del 31%, sobrepasando los registros autonómicos. La estadística también deja subidas en los delitos vinculados al tráfico de
droga, que crecen un 13,2%, y en las agresiones sexuales con penetración, con una subida cercana al 7%.
Esta preocupante dinámica coincide con una pérdida proporcional de recursos humanos en la
guardia civil. Según informaciones oficiales del Ejecutivo administrado por el
PSOE, la provincia dispone en la actualidad de un déficit estimado de un centenar de agentes si se contempla el aumento poblacional desde 2018. Para la representación parlamentaria del
PP, resulta inviable frenar la escalada criminal si no se dota a los agentes del personal e instrumental técnico necesario.
La presión en la franja costera ha llevado además al grupo popular a instar el debate en la Comisión de Interior de una Proposición No de Ley orientada a frenar el paso de las
narcolanchas. Esta iniciativa busca recuperar una estructura operativa coordinada similar a la extinta OCON-SUR para combatir a las mafias del narcotráfico. Los recientes altercados mar adentro, como la embestida sufrida por una patrullera de la
guardia civil, evidencian a juicio de las diputadas la urgencia de dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de medios marítimos y aéreos preparados para intervenir en situaciones de extremo riesgo.