La provincia de
Almería alza la voz en el Parlamento andaluz ante las barreras que el Gobierno central está imponiendo al avance tecnológico de la Comunidad. Según ha denunciado la parlamentaria del
PP por
Almería, Ángeles Martínez, las decisiones normativas adoptadas en Madrid amenazan con paralizar la instalación de infraestructuras de computación cruciales para consolidar el uso de la inteligencia artificial en el territorio autonómico.
El uso de herramientas digitales avanzadas se ha consolidado en la Comunidad como un pilar estratégico para optimizar los servicios públicos. Aplicaciones enfocadas en la detección precoz de enfermedades, la mejora de diagnósticos sanitarios, la lucha contra la deserción escolar o la simplificación burocrática en la tramitación de ayudas a sectores productivos y familias dependen de una infraestructura sólida. Sin embargo, la representante popular lamenta que todo este proceso de modernización se esté llevando a cabo de manera autonómica y en solitario, encontrando trabas de manera sistemática al acudir a las instancias estatales.
La controversia gira en torno al borrador del Real Decreto redactado por el Ejecutivo central para fijar las exigencias de implantación de los centros de procesamiento de datos, recintos indispensables para albergar los grandes volúmenes de información que alimentan estos sistemas. Desde el grupo parlamentario advierten de que el marco regulatorio planteado por el Estado resulta excesivamente restrictivo, lo que podría desviar estas importantes inversiones hacia otros países con entornos normativos más favorables, restando competitividad al país.
Las consecuencias de esta falta de respaldo trascienden lo estrictamente técnico y afectan directamente a la autonomía estratégica y al mercado laboral. Martínez advierte sobre el riesgo que supone comprometer la soberanía y seguridad en la gestión de los datos, además del impacto negativo en la retención del talento joven. En este sentido, cuestiona la falta de perspectivas para los profesionales formados en el sector digital que se ven abocados a emigrar si no se posibilitan estas oportunidades en suelo andaluz, por lo que exige al Gobierno de España que flexibilice las exigencias regulatorias y facilite el asentamiento de estas infraestructuras esenciales.