Una amplia investigación judicial de la
Guardia Civil ha culminado con el ingreso en prisión provisional de un individuo de 41 años acusado de engañar a decenas de personas de edad avanzada o con discapacidad en
Almería y otras cinco provincias de la Comunidad. La denominada operación 'Larberik' ha permitido neutralizar un entramado delictivo que habría generado un perjuicio económico superior a los 350.000 euros mediante la usurpación de identidad y la falsificación de documentos públicos y privados.
El modus operandi del presunto estafador se basaba en ganarse la confianza de sus víctimas acudiendo a sus domicilios con una vestimenta cuidada y modales intachables. Una vez dentro de las viviendas, aprovechaba la soledad o la situación de dependencia de los residentes para hacerse con certificados de pensiones, datos bancarios y firmas. Con esa información reservada, el individuo formalizaba préstamos personales, adquiría dispositivos móviles de última generación o financiaba automóviles a nombre de los perjudicados sin que estos tuvieran conocimiento de las operaciones.
Para engrosar las ganancias del engaño, el falso comercial retornaba en múltiples ocasiones a las casas argumentando supuestos errores administrativos en la financiación inicial. Mediante este pretexto, convencía a las víctimas para realizar pagos directos en efectivo, transferencias o cobros inmediatos mediante un datáfono portátil, duplicando así el impacto económico del fraude. En los casos en que detectaba reticencias, no dudaba en rubricar él mismo los contratos o en utilizar documentación perteneciente a personas ya fallecidas.
El origen del caso se remonta al pasado mes de mayo en el municipio granadino de Armilla, cuando una patrulla identificó el coche del sospechoso y localizó en el maletero una abundante cantidad de talonarios, facturas y contratos a nombre de terceros. Tras tirar del hilo y contactar con las personas afectadas, los investigadores contabilizaron más de cuarenta víctimas repartidas entre las provincias de
Almería, Granada, Jaén, Sevilla, Málaga y Córdoba. La intervención domiciliaria posterior permitió recuperar vehículos, un terminal TPV, dinero en metálico y abundante documentación mercantil, además de investigarse a un segundo implicado por la adquisición de los bienes robados.