El Congreso de los Diputados se prepara para debatir y votar este martes una iniciativa presentada por Vox, que busca que el PSOE y sus aliados de izquierda e independentistas se pronuncien sobre la “plena e indiscutible” soberanía española de Ceuta, Melilla y otros territorios del norte de África. Entre estos lugares se encuentran las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, la isla del Perejil y las islas y peñón de Alhucemas.
La proposición no de ley que defenderá Vox en la Comisión de Asuntos Exteriores tiene como objetivo condenar formalmente las declaraciones de miembros del Gobierno marroquí que cuestionan la soberanía sobre estas plazas. Además, los proponentes plantean que el Congreso denuncie la “incompatibilidad” entre las reivindicaciones territoriales del Gobierno vecino y los principios establecidos en el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con Marruecos.
En su propuesta, Vox también aboga por que la Cámara Baja reafirme que “ninguna necesidad de cooperación migratoria, ningún interés económico y ninguna conveniencia diplomática” pueden justificar una respuesta ambigua del Gobierno español ante estas reclamaciones extranjeras. Esta iniciativa llega tras el rechazo de una moción similar en el Pleno del Congreso la semana pasada, lo que sugiere que esta nueva propuesta podría enfrentar un destino similar.
Asimismo, el texto insta al Gobierno a exigir a Marruecos una declaración “pública, expresa e inequívoca” que respete la soberanía e integridad territorial de España. En caso contrario, propone promover “inmediatamente” la suspensión del Tratado mencionado anteriormente. La propuesta incluye convocar al embajador marroquí para comunicarle personalmente esta exigencia y advertirle sobre la disposición de España a defender su territorio “con todos los instrumentos y medios a disposición del Estado”.
Además, Vox sugiere que si persisten las “invasiones” en Ceuta y las declaraciones marroquíes que atacan la integridad territorial española, se proceda a expulsar al embajador marroquí y retirar al embajador español en Rabat. También pide que Marruecos acepte sin excepciones todos los retornos, devoluciones y expulsiones de sus nacionales desde territorio español.
Finalmente, se plantea revisar las relaciones bilaterales con Marruecos para asegurar que cualquier tipo de cooperación —ya sea económica, comercial, migratoria, policial o militar— esté guiada por los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía española y defensa de la integridad territorial.