El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería, Juan Manuel del Real Ruiz, ha denunciado que GALASA mantiene una deuda de 1,9 millones de euros con la propia institución provincial que, según la documentación de la que dispone el Grupo Socialista, no habría sido reclamada desde 2019, mientras el Gobierno del Partido Popular aprobó en 2024 una subida de las tarifas de la empresa pública superior al 33%.
Del Real ha recordado que este incremento afecta directamente a miles de familias del Levante y el Almanzora y supone, de media, alrededor de 80 euros más al año para una familia. "Con una mano, el PP hace la vista gorda con las deudas de esta empresa pública de la Diputación y, con la otra, mete la mano en el bolsillo de los vecinos", ha criticado.
El dirigente socialista ha defendido que los problemas económicos de GALASA "no pueden resolverse trasladando continuamente el coste a los usuarios" y ha advertido de que "la empresa pública no puede seguir siendo el pozo sin fondo de la Diputación, con unas deudas que no dejan de crecer y con los usuarios pagando siempre el pato".
En este sentido, del Real ha exigido al Gobierno provincial que explique qué actuaciones ha llevado a cabo para reclamar los 1,9 millones de euros y qué inversiones podrían realizarse en los municipios de la provincia si la Diputación recuperase esa cantidad.
De la misma manera, ha reclamado al presidente de la Diputación que aclare las medidas que ha adoptado desde que está al frente de la institución para afrontar los problemas económicos de GALASA y garantizar una gestión "transparente, responsable y eficiente" de los recursos públicos.
"Queremos una gestión del agua que piense primero en los ciudadanos y no una empresa pública cuyos problemas terminen pagando una y otra vez los vecinos del Levante y el Almanzora", ha señalado.
Para el portavoz socialista, el equipo de Gobierno de la Diputación debe abandonar una política que, a su juicio, hace recaer sobre las familias las consecuencias de su gestión. "El agua es un derecho y un servicio esencial y no puede convertirse en la caja registradora de la mala gestión del Partido Popular", ha concluido.