Varios sindicatos de la Policía Nacional han señalado este lunes al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, como responsable directo de la situación generada por la acampada antidesahucios en la Puerta del Sol. Según las denuncias, el delegado habría dado la orden de "no actuar" al inicio de esta protesta, que busca exigir medidas legales para frenar desahucios, como el caso de Maricarmen, una mujer de 87 años obligada a abandonar su hogar.
El portavoz nacional de Jupol, Ibón Domínguez, ha criticado lo que considera una "doble vara de medir y cinismo" por parte del delegado. Domínguez enfatizó que es responsabilidad del Gobierno garantizar la seguridad y el orden público, y que si se considera necesario desalojar la acampada, debe asumir esa responsabilidad sin escudarse en la Policía Municipal.
Domínguez también recordó que la Unidad de Intervención Policial (UIP) es la encargada de llevar a cabo cualquier desalojo necesario. "Basta ya de utilizar a los policías como escudo de las decisiones políticas", subrayó el portavoz.
La acampada comenzó tras una manifestación el sábado por la noche después del desahucio de Maricarmen y se mantiene en pie con el objetivo de presionar para la aprobación del decreto del Consejo de Ministros previsto para este martes. Por su parte, Manos Limpias ha anunciado su intención de presentar una querella contra Martín por presunta prevaricación administrativa y omisión del deber de perseguir delitos.
"Una cosa es permitir una manifestación y otra muy distinta es gestionar una ocupación prolongada", continuó Alarcón. El SUP también ha instado al Ministerio del Interior a clarificar si considera que corresponde a la Policía Municipal intervenir en este tipo de situaciones. "Pedimos transparencia y órdenes claras para evitar convertir a los policías en protagonistas de un enfrentamiento entre administraciones", concluyó.
Otro sindicato que ha expresado críticas hacia Francisco Martín es UFP. Este grupo sostiene que el delegado tenía conocimiento previo sobre la concentración y el despliegue policial. "Cuando comenzaron a instalarse las tiendas, la Policía Nacional se retiró", afirmaron desde UFP.
El sindicato argumenta que el momento adecuado para actuar era precisamente cuando se estaba formando el asentamiento. UFP advirtió que ahora la situación es "jurídicamente mucho más compleja" debido a los diferentes derechos y competencias implicados. Además, rechazaron limitar la función policial a esperar disturbios: "La seguridad ciudadana también implica prevención y garantía de convivencia", concluyeron.