A la Puerta del Sol le están saliendo otra vez arrugas en el pavimento. Transcurridos tres lustros de aquella primavera en la que la juventud indignada inventó la acampada en la plaza madrileña, el paisaje cotidiano de tiendas de campaña, pancartas con pintura fresca y asambleas a la intemperie regresa con puntual exactitud. El detonante de esta nueva acampada no es otro que el desahucio de Maricarmen Abascal, una anciana de 87 años, funcionaria jubilada con una buena pensión, pero a la que no le dió la gana buscar alternativa habitacional a pesar de los avisos de que el chollo se le acababa, y ha acabado expulsada de la vivienda que ocupaba en la calle Alcalde Sainz de Baranda. La indignación ha prendido la mecha y los acampados ya exigen un pacto, un decreto urgente que ponga fin a los abusos del mercado de alquiler y transforme el modelo de vivienda del Estado.
Sin embargo, a quien observe la escena con cierta memoria histórica y una dosis elemental de escepticismo, el episodio le evocará un inevitable sentimiento de déjà vu. La pregunta que flota sobre los sacos de dormir de la Puerta del Sol no es qué piden los manifestantes, sino para qué sirvió exactamente el 15-M. Y si analizamos fríamente los datos y las biografías, la conclusión es desoladora: la anterior acampada no sirvió para cambiar la vida de la gente común, pero resultó un vehículo insuperable para cambiar, a mejor, la vida de sus principales cabecillas.
Echemos la vista atrás. En mayo de 2011, la indignación popular alumbró a una camada de dirigentes que prometieron asaltar los cielos para resolver, entre otros males, la crisis de la vivienda. ¿En qué ha quedado aquel asalto? Pablo Iglesias, que por entonces ejercía como un modesto profesor interino en la Universidad Complutense con un sueldo ajustado y residencia en el barrio de Vallecas, terminó su trayectoria política como vicepresidente del Gobierno, mudándose a un chalet de grandes dimensiones con piscina en Galapagar. De arremeter con fiereza contra la educación privada pasaron, como paradoja del destino, a matricular a sus hijos en un colegio privado de la zona.
La nómina de beneficiarios del fenómeno asambleario es larga y cuantiosa. Irene Montero pasó de activista a ministra de Igualdad y eurodiputada; Pablo Echenique, Ramón Espinar o Rafa Mayoral, vieron notablemente saneadas sus finanzas y proyección profesional gracias al permanente circuito de tertulias mediáticas y escaños institucionalizados. Ada Colau, una activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que saltó a los focos tras interrumpir desahucios, acabó sentada durante ocho años en la alcaldía de Barcelona. O en Andalucía, el caso de José María González 'Kichi', que alcanzó la alcaldía de Cádiz, y su pareja Teresa Rodríguez, parlamentaria andaluza durante años.
Y capítulo aparte merece Yolanda Díaz, que de insignificante izquierdista en Galicia ha pasado a vicepresidenta del Gobierno que lanza proclamas contra el Gobierno en el que lleva ocho años. Solo hay que mirar como se peinaba y se vestía antes, y como lo hace ahora para entender su progreso económico, porque vivir en un inmueble de más de 440 metros cuadrados en pleno centro de Madrid a cuenta del erario público es lo que tiene.
Todos ellos acumularon poder institucional, sueldos públicos de primer orden y visibilidad mediática. Sus vidas experimentaron un giro verdaderamente espectacular. ¿Y la vida de los ciudadanos? El indicador es incuestionable: quince años después del 15-M, con sus líderes habiendo formado parte del Consejo de Ministros ya sea como Podemos, Sumar, o sus "confluencias", y ostentado las principales alcaldías del país, el problema del acceso a la vivienda en la provincia de Almería y en el conjunto del Estado no solo persiste, sino que ha empeorado drásticamente. Los precios del alquiler continúan marcando máximos históricos y la vulnerabilidad residencial sigue golpeando a las personas más frágiles.
Resulta revelador comparar la coyuntura política de ambas acampadas. En 2011, la masa se sublevó en las calles contra un Gobierno central encabezado por el Partido Socialista. Hoy, en 2026, la protesta en la Puerta del Sol se levanta de nuevo contra otro Gobierno liderado por el Partido Socialista. Con un matiz todavía más grotesco: dentro del actual Ejecutivo de la Nación se encuentra Sumar, el espacio político heredero de aquel espacio de izquierda radical que fue Podemos y con el que ahora andan a matar, tratando de ejecutar un número de equilibrismo circense. Sus dirigentes pretenden sentarse en la mesa del Consejo de Ministros para tomar decisiones y, al mismo tiempo, dejarse ver en las pancartas de las acampadas lanzando ultimátums a su propio presidente, Pedro Sánchez.
Cabe preguntarse con rigor: ¿qué ha aportado Sumar en este tiempo sosteniendo al Ejecutivo central? Exactamente lo mismo que aportó Podemos en la legislatura anterior: sostener la estructura de poder de Pedro Sánchez mientras los problemas de fondo se perpetúan. Gracias al sostén de unos y otros, el Presidente del Gobierno continúa en el Palacio de la Moncloa, pero las reformas estructurales en materia habitacional siguen empantanadas.
De esta nueva acampada en la Puerta del Sol saldrá, con casi matemática certeza, una nueva hornada de portavoces que acabará redactando listas electorales, tertuliando en platós de televisión y firmando nóminas públicas. Cambiarán sus trayectorias personales de forma estimable. Mientras tanto, la gente de a pie comprobara que, tras el ruido de las acampadas y la épica de las asambleas, la vivienda sigue siendo inalcanzable y la política institucional, un eficiente ascensor social exclusivamente para quienes sostienen el megáfono.