No vamos a descubrir nada nuevo abundando en la deleznable estrategia progresista y populista del Gobierno de España. El caso Maricarmen es uno más de los que se prevale este gobierno y sus secuaces para justificar su notabilísima inutilidad. Ahora es el momento de trabajar «contra reloj» como si el problema hubiese aflorado de repente. Y, como en el resto de los fracasos precedentes, hay que buscar culpables en la oposición, el mercado inmobiliario, los fondos de inversión… y los propietarios privados, sobre los que recae un nuevo modelo de privatización solidaria; es decir, se les obliga a paliar el fracaso de las políticas sociales de un gobierno socialcomunista que, como en otros sectores -casi todos-, ha arruinado todo aquello que ha impregnado de ideología populista, demagogia y desacierto. Sólo hay una faceta en la que la izquierda triunfa: desenfrenado incremento de las políticas sociales.
Uno de los parámetros que demuestran el fracaso de un país es el relativo a las políticas sociales. Desde los Presupuestos Generales del Estado, pasando por los de las comunidades autónomas, las diputaciones y los ayuntamientos, siempre se enfatiza el incremento de las partidas para políticas sociales. He podido observar que ayuntamientos con mayoría absoluta del Partido Popular (Almería) han rivalizado con el PSOE y la ultraizquierda a ver quién daba más en políticas sociales. El Gobierno municipal almeriense del PP se ha jactado de haber incrementado el presupuesto en políticas sociales nada menos que un 17% de un año para otro. Y esto lo ha calificado como ¡un éxito! Y es penoso que el PP compre esta mercancía averiada de la izquierda.
Cuando en un país occidental se incrementan las partidas para políticas sociales destinadas a paliar la extrema vulnerabilidad de una parte de la población tendría, urgentemente, que hacérselo ver. Un país como España no puede celebrar el incremento en ayudas como un éxito. Todo lo contrario. Es un clamoroso fracaso.
Un gobierno que no estorbe; que deje hacer a la sociedad civil; que facilite el camino para la iniciativa empresarial; que administre con responsabilidad, eficacia, decencia… en definitiva, lo contrario a Pedro Sánchez y sus zurdos derelictos, podrá ver que las partidas para las políticas sociales, las emergencias vitales y las vulnerabilidades descenderían ostensiblemente.
La izquierda se ha dado en llamar «progresista», pero es todo lo contrario. Cada año que pasa se incrementa la penuria, la vulnerabilidad y la dependencia de las ayudas vitales. Un gobierno progresista sería el que faculta progreso, estabilidad y certeza. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez y la ultraizquierda es la antítesis del progreso. Su fracaso lo limosnean con dosis de indignidad repartidas por una población residual que, además, se ha ilustrado y doctorado en las ayudas, las pagas y las sinecuras obteniendo el pasaporte de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad -salvando los casos veraces- es en gran medida la excusa para una creciente fauna de rémoras sociales que se ufanan de la amistosa cobertura gubernamental para la okupación, la inquiokupación y, en general, un modelo de vida basado en no dar un palo al agua. Así, con esta estipendiada ociosidad, tienen tiempo para las performances revolucionarias de salón (“Circo” de la Puerta del Sol) que les faculten un escudo social ampliado para seguir vampirizando a la sufrida sociedad que trasnocha, madruga, trabaja, produce y progresa.
No. No es progreso ni es progresista un gobierno que se felicita por engrosar las partidas destinadas a políticas sociales. Esto es un carísimo y descarado embeleco. El Gobierno «progresista» no ofrece garantías jurídicas para los alquileres, protege a los delincuentes okupas y procesiona los tótems de presuntas víctimas de “sus” políticas populistas y demagógicas utilizando actores con enorme manipulación y descarada sobreactuación (véase el montaje del caso Maricarmen).
Un esperanzador síntoma de progreso sería que un gobierno lograra disminuir las partidas presupuestarias para políticas sociales destinadas a la presunta y abundantísima vulnerabilidad. Si bajan las ayudas providencialistas gubernamentales es porque no las necesita quien se vale de sus propios medios para vivir con la dignidad que aporta su valía, esfuerzo e independencia. En un Estado de derecho y de progreso el éxito se logra fomentando el acceso universal a un trabajo digno, un sueldo adecuado… y el esfuerzo para pagar puntualmente las mensualidades del alquiler o hasta la última cuota de la hipoteca. Exactamente como lo hemos todos cuando este país era aún reconocible.