El inicio de la nueva campaña agrícola ha llevado al gobierno municipal de El Ejido a intensificar sus contactos con el sector. En una reunión de trabajo, la alcaldesa Julia Ibáñez y el concejal de Agricultura, Manuel Martínez, analizaron los asuntos prioritarios del campo almeriense junto a una delegación de COAG encabezada por su secretario general a nivel estatal, Andrés Góngora, y el responsable comarcal en El Ejido y Dalías, José Antonio Manrique, acompañados por miembros de su equipo técnico.
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La protección frente a los robos en el ámbito rural acaparó buena parte del debate. Frente a la preocupación manifestada por los productores, la regidora expuso las actuaciones de la Policía Local para reforzar la presencia en el campo e informó sobre el avance de la tercera fase del plan de videovigilancia municipal, orientado a instalar nuevos dispositivos de control en puntos clave del mapa rural. No obstante, Ibáñez insistió en reclamar una mayor dotación de recursos para los equipos ROCA de la Guardia Civil, al tratarse de la administración competente en materia de seguridad ciudadana.
Tanto el Consistorio como la organización agraria coincidieron en instar a los agricultores a interponer denuncia formal ante cualquier sustracción, sin importar la cuantía del daño, para ayudar a trazar mapas de riesgo y optimizar los patrullajes. Asimismo, recordaron que la adquisición de efectos robados es constitutiva de delito y aconsejaron adoptar pautas de prevención, tales como evitar el acopio excesivo de insumos como abonos, marcar las herramientas e inventariar con fotografías el material para facilitar su identificación si es recuperado.
El encuentro permitió evaluar también la situación de los recursos hídricos en la provincia de
Almería. En este apartado, la alcaldesa subrayó que resulta imprescindible continuar con la planificación y ejecución de infraestructuras que aseguren el suministro a las explotaciones, definiendo el agua como el pilar determinante para la continuidad económica del municipio. A este reto se suma la vigilancia fitosanitaria ante amenazas como la plaga de
trips parvispinus, detectada en plantaciones de pimiento de la zona, frente a la cual instaron a extremar la higiene en invernaderos y accesos para evitar focos de propagación, sin descuidar otros aspectos de la coyuntura como la mano de obra, los costes operativos y los acuerdos internacionales.