Las vías urbanas e interurbanas de la provincia de Almería asumen a partir de este jueves una profunda transformación normativa destinada a blindar la integridad física de quienes se desplazan a pie, en bicicleta, en patinete o sobre dos ruedas. El representante del Ejecutivo central en la provincia, José María Martín, acompañado por el responsable provincial de Tráfico, José María Méndez, ha desgranado los pormenores de la reforma del Reglamento General de Circulación, un paquete de medidas que sitúa la protección de las personas en el eje central de la movilidad moderna.
El ajuste normativo responde a la imparable irrupción de los vehículos de movilidad personal en el paisaje urbano almeriense y a la urgencia de actualizar un marco regulatorio que databa de hace dos décadas. Durante su exposición, Martín argumentó que el objetivo prioritario reside en verificar si las reglas actuales amparan con eficacia a los distintos colectivos que comparten las calles, apelando al civismo de los conductores tras recordar que la seguridad de cualquier ciudadano reposa en la prudencia de quien circula a su lado, puesto que ganar unos minutos jamás puede anteponerse a garantizar que todo el mundo regrese sano a casa.
Entre las novedades de mayor calado para los vehículos de movilidad personal destaca la fijación de los 15 años como edad mínima legal para tomar el manillar, así como la obligatoriedad de portar casco de protección y prenda reflectante en condiciones nocturnas o de visibilidad reducida, exigencia que para los repartidores profesionales se extenderá a cualquier hora del día bajo amenaza de multa de 200 euros. Respecto a los ciclistas, se eliminan definitivamente las excepciones para el uso del casco en trazados interurbanos y se obliga a los vehículos a motor a guardar una distancia de seguridad trasera de cinco metros en casco urbano, donde las bicicletas circularán de manera prioritaria por la parte central del carril. Además, los adelantamientos a ciclistas fuera de ciudad requerirán aminorar la marcha en al menos 20 kilómetros por hora respecto al tope fijado para la vía y ocupar la totalidad del carril adyacente en carreteras de varios carriles por sentido.
La reforma también endurece los requisitos para el colectivo motorista, al imponer el uso obligatorio de calzado cerrado en todo tipo de calzadas y de guantes de protección en trayectos interurbanos, castigando su omisión con 200 euros de penalización. No obstante, se concede flexibilidad a las motocicletas para avanzar por el arcén derecho a un máximo de 30 kilómetros por hora durante las retenciones debidamente señalizadas. En el ámbito del equipamiento de seguridad general, el nuevo texto suprime cualquier exención al uso del cinturón para taxistas, repartidores de mercancías o profesores de autoescuela, manteniendo únicamente la salvedad para el personal sanitario a bordo de ambulancias en servicio de urgencia.
A nivel organizativo y de gestión del tráfico, la normativa introduce la figura jurídica de los caminos escolares seguros para fomentar desplazamientos a pie o no motorizados hacia las aulas, veta la coincidencia de semáforos en ámbar intermitente para coches con el verde peatonal y acota el estacionamiento de autocaravanas, prohibiendo la extensión de elementos que sobresalgan de su perímetro o el vertido de fluidos. Aunque el grueso del decreto empieza a regir este 1 de octubre en todo el Estado, el responsable de Tráfico precisó que la obligación de llevar el alumbrado encendido permanentemente en patinetes y la exigencia de cascos homologados para ciclomotores concederán un margen de adaptación hasta el 1 de octubre de 2027.