Hay que reconocerle a la cúpula madrileña del Partido Popular un talento casi artístico para errar el tiro con una precisión quirúrgica. Contemplar estos días la Puerta del Sol atestada de tiendas de campaña, en una acampada desatada tras la multitudinaria marcha por el desahucio de María del Carmen Abascal —la ya célebre Maricarmen de 87 años—, provoca una cierta estupefacción.
Convocados por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, cientos de jóvenes han tomado el centro de la capital para gritar que tener un techo pagable se ha convertido en una quimera. Y ante semejante despliegue de indignación, la reacción del gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso y del ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida ha sido la de siempre: atrincherarse, poner cara de agravio y tratar el asunto como una molesta pataleta contra su inmaculada gestión.
Pedirle un mínimo de astucia política a Isabel Díaz Ayuso empieza a ser un ejercicio de fe desmedido. La presidenta autonómica padece ese conocido síndrome según el cual solo existen dos posiciones posibles en su universo: o es la estrella rutilante del espectáculo o la víctima trágica de una conspiración en su contra. Ser una política normal, capaz de leer el tablero con frialdad pragmática, no cotiza en su libro de estilo. Si tuviera un gramo de visión estratégica, habría convertido de inmediato esa acampada en Sol no en un ataque contra su persona, su partido, su gestión, su gobierno... sino un regalo político envuelto en celofán con un lazo gigante.
Porque, ¿qué evidencia exactamente ese campamento en la plaza más icónica del Estado? Evidencia el naufragio colosal de la política de vivienda del Gobierno central. Desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia en 2018 prometiendo decenas de miles de viviendas públicas que jamás llegaron a materializarse, el problema no ha hecho más que pudrirse año tras año. En 2023 se sacaron de la manga la Ley por el Derecho a la Vivienda junto a sus socios parlamentarios, prometiendo el paraíso del alquiler asequible. Y aquí estamos, en pleno 2026, con el mercado completamente gripado, la oferta pulverizada y precios de venta y alquiler desorbitados que estrangulan tanto a los jóvenes de la capital como a quienes intentan independizarse en la provincia de Almería o en cualquier punto de Andalucía.
La hemeroteca y los datos son tozudos: cada vez que el PSOE gobierna el país, el acceso a la vivienda se convierte en un calvario social. Ocurrió en la etapa de Felipe González, se profundizó bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y ha alcanzado cotas insostenibles con Pedro Sánchez. Para muestra del fracaso regulatorio basta mirar a Cataluña, donde bajo el ejecutivo autonómico de Salvador Illa y con la aplicación entusiasta de los topes de precios previstos en la ley estatal, la Comunidad sigue liderando las estadísticas de desahucios y el estrangulamiento del mercado formal.
Un Partido Popular con dos dedos de frente táctica habría reaccionado de forma radicalmente opuesta. En lugar de mandar a la policía o enviar a José Luis Martínez-Almeida a dar sermones sobre el uso del espacio público y los cuchillos cebolleros, Isabel Díaz Ayuso tendría que haber sido la primera en bajarse a la Puerta del Sol con una bandeja de churros, acercarse a la portavoz Valeria Racu y decir ante las cámaras: "Tienen toda la razón. Llevan años vendiéndoles humo desde la Moncloa y la Ley de Vivienda de la izquierda ha sido un fracaso estrepitoso". Evidentemente, la visión que tienen los acampados y el PP sobre cómo solucionar el problema dista años luz, pero el hecho incontestable que los manifestantes ponen sobre la mesa es una enmienda a la totalidad a casi una década de promesas socialistas incumplidas.
Ver a la derecha desaprovechar semejante pancarta viviente contra el Ejecutivo central demuestra que la soberbia suele ser el peor enemigo de la inteligencia política. En lugar de señalar que los propios jóvenes a los que Pedro Sánchez pretendía proteger son los que hoy le acampan a las puertas para exigirle cuentas, prefieren ponerse de perfil o ensayar muecas de indignación victimista. Al final, entre la ineficacia de unos y la torpeza de otros, los únicos que continúan sin poder pagar un alquiler son los ciudadanos.