Hay que reconocerle a Pedro Sánchez una habilidad prodigiosa para la alquimia política: la capacidad de convertir ocho años de promesas incumplidas en una responsabilidad ajena. Desde que alcanzara la presidencia del Gobierno del Estado en 2018 asegurando que la vivienda se convertiría en la gran prioridad de su mandato, el problema no solo no se ha resuelto, sino que se ha enquistado hasta extremos asfixiantes. Llegados a octubre de 2026, con los precios del alquiler marcando récords insostenibles y con la juventud imposibilitada para emanciparse por la escasez de oferta, el relato oficial pretende convencernos de que el desastre habitacional no es responsabilidad de quien firma los decretos desde el Ejecutivo, sino de quienes se sientan en la oposición.
La hemeroteca resulta un juez despiadado cuando se repasan las cifras acumuladas a lo largo de este periodo. Durante casi un decenio se han sucedido anuncios a bombo y platillo: desde la prometida construcción de hasta 210.000 viviendas públicas hasta la movilización de parcelas del Ministerio de Defensa para alquileres asequibles que jamás llegaron a levantarse. El colofón de esta estrategia fue la Ley de Vivienda de 2023, un experimento de intervención estatal cuyos efectos prácticos han sido devastadores allí donde se aplicó con mayor rigor, como en Cataluña, donde la oferta de alquiler permanente colapsó y los precios continuaron su escalada en las zonas no tensionadas, tensionándose a partir de ese momento. Lo que se vendió como un escudo protector terminó convirtiéndose en un cerrojo para miles de familias.
En este inicio de otoño de 2026, con la Ley de 2023 como ejemplo de lo que no debe hacerse, la realidad ha terminado por desbordar la propaganda en la Puerta del Sol de Madrid, convertida en un campamento urbano convocado por el Sindicato de Inquilinas y diversos colectivos sociales. Las pancartas y consignas de la acampada apuntan de manera directa hacia el Palacio de La Moncloa, exigiendo soluciones reales tras años de anuncios vacíos. Sin embargo, ante el slogan que encabeza la protesta que es directo contra PSOE y Sumar, la reacción del Ejecutivo tras la caída de sus dos últimos decretos en el Congreso de los Diputados ha sido culpar al Partido Popular, a Vox, a Junts y al PNV por no convalidar unas normas redactadas sin el menor consenso.
Recapitulemos: En 2018 Sánchez prometió acabar con el problema de la vivienda, y lo ha ido haciendo año tras año pero sin materializar nada: en 2023 hace una Ley que no resuelve y sí ahonda en la crisis, y a finales de 2026 le montan una concentración por su inoperancia, por lo que en 48 horas inventa dos decretos y exige que ese los aprueben por su cara bonita. Y si ahora, ocho años después de llegar al poder, no está resuelta la cuestión es culpa de la oposición.
Cargar las tintas contra la oposición cuando ni siquiera se ha intentado negociar roza el arte del absurdo. El Gobierno formado por el PSOE y Sumar ni tan solo descolgó el teléfono para contactar con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, o con la representación mayoritaria de la Cámara Baja para consensuar una línea común o buscar un punto de encuentro. Se lanzan decretos enlatados bajo el rótulo de la urgencia y, al ser rechazados por falta de diálogo, se acusa a los demás de insensibilidad. La lógica gubernamental es fascinante: quien ostenta la responsabilidad de gestionar no responde por los resultados, pero quien carece de poder ejecutivo debe asumir la culpa del colapso.
El rizo de esta paradoja se riza aún más ante la posibilidad de que Pedro Sánchez aproveche este contexto para sopesar un adelanto de elecciones generales, calculando que el desgaste mediático del debate de la vivienda penalizará a la oposición. Resulta sorprendente asumir que el electorado castigará a las fuerzas políticas que no han gobernado desde 2018, en lugar de pedir cuentas a quien ha tenido el timón durante todo este proceso de degradación.
En la provincia de Almería, como en el conjunto de Andalucía, los ciudadanos observan esta jugada con la perplejidad de quien ve cómo la acuciante necesidad de un hogar se transforma en una mera baza de cálculo político, donde la única vivienda que verdaderamente se intenta proteger a toda costa es la del Palacio de La Moncloa.