La coordinadora provincial de Izquierda Unida en Almería, María Jesús Amate, ha señalado abiertamente a los cuatro parlamentarios nacionales electos por la circunscripción de Almería que este viernes votaron en contra de la convalidación de los decretos de vivienda en el Congreso: Rafael Hernando, Ana Martínez Labella y Maribel Sánchez Torregrosa por el Partido Popular, y Rocío de Meer por Vox.
“Es una auténtica vergüenza que los diputados que deberían defender a la gente de Almería en el Congreso hayan decidido dejar tiradas a más de 20.000 familias de nuestra provincia”, ha aseverado de entrada Amate. “Hay que decir sus nombres con absoluta claridad: Hernando, Martínez Labella, Sánchez Torregrosa y De Meer han elegido estar del lado de los especuladores, de los fondos buitre y del rentismo, antes que proteger a los trabajadores, pensionistas y jóvenes almerienses que hacen un esfuerzo colosal cada mes para tener un techo bajo el que vivir”.
Para la responsable provincial de la formación de izquierdas, detrás de cada contrato de alquiler cancelado o no prorrogado “hay familias reales expuestas al abismo”. “No hablamos de cifras en un papel; hablamos de vecinos que necesitan saber si el mes que viene van a tener que hacer las maletas o si podrán seguir llevando a sus hijos al mismo colegio. Mientras la provincia soporta precios de alquiler por las nubes y una proliferación descontrolada de pisos turísticos que expulsan a la gente de sus barrios, la derecha y la extrema derecha votan para que los grandes caseros e inversores sigan teniendo barra libre”, ha denunciado Amate.
Esta denuncia surge tras el rechazo en la Cámara Baja a la convalidación de las medidas conocidas como decretos 'Maricarmen'. La alianza en el voto de PP y Vox junto a Junts ha provocado la derogación inmediata de la prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento que vencían antes de 2029.
Según datos del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, la regulación tumbada por la derecha habría beneficiado de forma directa a 20.876 contratos de alquiler en la provincia de Almería. Al caer esta norma, más de 50.000 inquilinos almerienses quedan ahora expuestos a subidas desorbitadas o al desahucio invisible de la no renovación.
Ante este escenario, desde Izquierda Unida llaman a la movilización social y advierten de que “seguirán dando la batalla en la calle y en las instituciones”. “Estos decretos eran un paso necesario para dar tranquilidad a miles de hogares. Al tumbarlos, PP y Vox han demostrado que su único programa es el desamparo de la mayoría social. Desde IU no vamos a parar de señalar la irresponsabilidad de quienes votan contra su propio pueblo y continuaremos peleando por la intervención de los precios, el aumento del parque público y la garantía del derecho a la vivienda en cada rincón de Almería”, ha concluido María Jesús Amate.