Las calles de muchas ciudades han servido este sábado de escenario para una marcha que, tras el lógico y comprensible malestar por el precio de la vivienda, ha dejado caer una consigna brillante por su métrica y desoladora por su lógica: la convocatoria de una huelga general. La propuesta, abanderada por el Sindicato de Inquilinas, suena estupendamente en un megáfono. De hecho, «hacía falta ya una huelga, una huelga, hacía falta ya una huelga general» tiene la cadencia exacta de un estribillo pegadizo de canción de verano. El pequeño detalle, ese que suele estropear las grandes revoluciones de pancarta, es que el concepto adolece de un vacío argumental bastante cómico.
Para empezar, cualquier tratado elemental de sociología laboral o de mero sentido común enseña que una huelga se convoca contra alguien. Es una herramienta de presión en la que un sector productivo paraliza la actividad para causar un perjuicio económico concreto a quien tiene la capacidad real de sentarse a negociar un convenio o ajustar un salario. Pero en esta ocurrencia habitacional, ¿contra quién se dirige exactamente el pulso?
Si la huelga va dirigida contra el Gobierno socialista, el análisis tropieza con la primera paradoja. El ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez, con la Ministra de Vivienda Isabel Rodríguez al frente, aprobó la Ley de Vivienda y ha llevado al Congreso de los Diputados Decretos-leyes destinados a regular el mercado —fue tumbada la convalidación en la Cámara Baja por falta de apoyos—. Se podrá discutir la eficacia o el acierto de las medidas, pero difícilmente se les puede acusar de no haber movido ficha desde el ámbito legislativo. Por tanto, contra el Gobierno no tiene sentido.
Si la intención es protestar contra la oposición, la figura roza el esperpento. Exigir responsabilidades de gestión a quien no ocupa el Consejo de Ministros es una pirueta conceptual inédita. El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo o las formaciones minoritarias pueden votar en contra de las iniciativas del Ejecutivo en el Congreso de los Diputados, pero la oposición, por definición, ni gobierna ni promulga decretos desde la bancada de la minoría. Además, ni PP ni Vox fueron invitados a negociar, por lo que difícilmente se les puede acusar de bloquear sin ofrecer nada a cambio. Ni legislan, ni se las permitido participar.
Llegamos entonces a la hipótesis más vistosa: la huelga contra los rentistas, los pequeños propietarios o los grandes fondos de inversión. Cabe preguntarse qué insomnio o qué quebranto financiero le produce a un propietario privado o a un fondo buitre transnacional que un inquilino decida no ir a su puesto de trabajo un martes. El rentista seguirá pasando el recibo a fin de mes y el fondo de inversión continuará analizando el rendimiento de sus activos en una pantalla de ordenador a miles de kilómetros. El daño económico de la jornada no trabajada recae, única y exclusivamente, sobre el propio trabajador que secundó el paro.
¿Huelga general de no pagar el alquiler? Eso no es una huelga general... será una protesta, pero ni es una huelga, ni mucho menos general.
En la provincia de Almería, donde la tensión del mercado del alquiler adopta matices particulares lejos de las grandes urbes macrocefálicas, el problema del acceso a la vivienda es innegable y requiere rigor en las políticas públicas. Pero confundir la movilización social con la paralización del tejido productivo no soluciona el precio del metro cuadrado. En Andalucía se necesitan soluciones habitacionales realistas, suelo edificable y seguridad jurídica, no fuegos artificiales de diseño.
A todos nos ha rodeado a los veinte años ese aroma romántico de querer asaltar los cielos y transformar el mundo antes del almuerzo; que se lo pregunten a los fundadores de Podemos, que hicieron de ese ímpetu su marca registrada. Sin embargo, la realidad económica es tozuda. La rima de la huelga general podrá ser pegadiza, pero como estrategia para bajar el alquiler tiene exactamente la misma utilidad que intentar apagar un fuego a base de megáfonos.