Economía

Medio centenar de personas solicitan la Renta Mínima y desaparecen

La Junta de Andalucía recurre a la publicación oficial al no localizar a decenas de personas ni para notificarles la concesión de la prestación ni para solicitarles la documentación requerida

Rafael M. Martos | Lunes 05 de octubre de 2026

Una llamativa contradicción administrativa y social se ha puesto de manifiesto en la provincia de Almería, donde decenas de personas en situación de especial vulnerabilidad económica han tramitado la Renta Mínima de Inserción Social para posteriormente quedar completamente inlocalizables para la Administración. La Delegación Territorial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Almería ha tenido que recurrir a la publicación de un anuncio oficial en el boletín autonómico ante la imposibilidad de notificar por vía presencial o postal un total de 53 actos administrativos relativos a esta prestación. Entre las resoluciones que no han podido entregarse en mano ni por correo postal figuran trece expedientes cuya resolución es expresamente favorable y concede la ayuda, lo que provoca que los beneficiarios reconocidos en la provincia no estén percibiendo las asignaciones económicas asignadas al no haber sido posible comunicarles la aprobación formal de su solicitud.

El conjunto de actuaciones notificadas mediante este aviso edictal, amparado en la legislación del procedimiento administrativo común del Estado español, engloba 31 resoluciones definitivas dictadas por la delegación territorial sobre solicitudes presentadas al amparo del Decreto-ley 3/2017. De esta cifra global de expedientes resueltos, trece corresponden a concesiones o resoluciones favorables que no han llegado a sus destinatarios. En el desglose por tipo de documento de identificación, siete de estas ayudas aprobadas corresponden a ciudadanos de origen extranjero identificados con un documento cuyo código comienza por las letras X, Y o Z, mientras que las seis concesiones restantes pertenecen a personas con DNI. Por contra, la resolución oficial recoge catorce expedientes desestimados o con resultado negativo, de los cuales cinco afectan a solicitantes extranjeros y nueve a personas con DNI, sumándose además cuatro declaraciones de desistimiento por abandono o falta de respuesta previas, atribuidas a tres personas con DNI y a un ciudadano extranjero.

La falta de contacto directo entre la administración de la Junta de Andalucía y los solicitantes almerienses genera un obstáculo añadido en la fase inicial del procedimiento de tramitación. La notificación oficial incluye un requerimiento dirigido a diez personas que deben proceder a subsanar incorrecciones en sus formularios o aportar documentación indispensable para que sus expedientes no sean archivados. Este grupo de requeridos está compuesto por cuatro ciudadanos extranjeros con documento de identificación con iniciales X, Y o Z, y seis personas con DNI. Todos ellos disponen de un plazo preceptivo de diez días hábiles, a contar desde la correspondiente publicación del edicto en el Boletín Oficial del Estado, para personarse o aportar la información requerida, con la advertencia expresa de que la falta de subsanación derivará en la emisión de una resolución que los tendrá formalmente por desistidos.

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A estas circunstancias se suman once procedimientos vinculados a expedientes en curso o ayudas que ya se encontraban reconocidas en la provincia de Almería. En concreto, la delegación territorial ha iniciado expedientes de revisión de oficio con suspensión cautelar de la renta y trámite de audiencia para nueve titulares, entre los que se encuentran seis personas de origen extranjero con documento de identificación iniciado por X, Y o Z, y tres personas con DNI. Asimismo, la publicación oficial abarca una suspensión cautelar con requerimiento y un trámite de audiencia adicional, ambos dirigidos a personas extranjeras residentes en la provincia. El listado se completa con una resolución recaída en recurso de alzada dictada por la Secretaría General Técnica de la consejería que agota la vía administrativa, correspondiente a un ciudadano titular de DNI, a quien se otorga un plazo de dos meses para interponer demanda ante los Juzgados de lo Social. Para evitar la pérdida definitiva de derechos o la caducidad de sus expedientes, las personas afectadas o sus representantes legítimos pueden comparecer en la sede del Servicio de Acción e Inserción Social de la Delegación Territorial en Almería, ubicada en la calle de las Tiendas.

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