Ya tenemos elecciones, como acababa mi anterior artículo, no porque Sánchez haya pensado que es por el bien común. Aunque, otra vez, la ley del reloj parado acierta. Me explico.
Ayer Gonzo entrevistó a Teresa Rodríguez, representante del único partido de izquierdas que ha subido en alguna de las últimas elecciones autonómicas (bueno, junto al BNG y por la misma razón). No me gustan sus propósitos soberanistas, en busca de un problema en lugar de volcar todos los esfuerzos en solucionar los que hay. No es fruto de mi pasión, como votante de izquierdas, pero sé que no seré golpeado por ella ni por ninguno de sus camaradas con un piolet si los tiempos se lo exigieran.
En la entrevista dice algo muy cierto, y es que a la izquierda no le viene bien adelantar las elecciones, sino dejar que las manifestaciones «por la vivienda» y el ajetreo del personal fueran dando réditos demoscópicos.
Pero Sánchez sabe que esas personas ya se dieron cuenta de que el PSOE no era la solución, que eran demasiados años, demasiadas legislaturas para creerse sus decretos al sprint, y que los votos generados por esas acampadas no irían a su santo trasero.
Otra cosa, y seguro que valorada por Sánchez, será que la Diputación Permanente aprobara esos reales decretos. Hasta ahora no se ha hecho; su función, marcada por la ley, ha sido bastante neutra y la Junta Electoral Central ha actuado de control para que a los gobiernos no se les vaya el tecleo en forma de decretos cuando ya están en un proceso electoral.
Pero Sánchez es otra cosa. Sánchez es trumpista y podría perfectamente aprobarlos, ahora sin la necesidad del Parlamento, con una Diputación Permanente sin Junts, sin PP, sin Vox. El PNV sí que estaría, y ellos sabrán, ahora sí, en qué lado de la historia están: si acompañando en su último giro autoritario a Sánchez o como guardianes de la limpieza electoral.
Para Sánchez sería su último cartucho, la última carta bajo la manga. Aprobar el primer decreto, aunque fuera de esta forma nada democrática, le concedería el laurel, Mari Carmen, y se debería a él y solo a él la pócima secreta del decreto.
Por lo demás, alegrarnos: unas elecciones que se tendrían que haber convocado en lugar de la autoamnistía; cuando dos secretarios generales han sido procesados; cuando los apagones y los accidentes ferroviarios; cuando se buscó el linchamiento mediático de tantos jueces y el real de una jueza en especial, la jueza Biedma; si no hubiera rechazado la misión encomendada de asustar a la jueza el clan de los Rochos por ser demasiado cruel. Paradojas del destino: un clan de la droga diciéndole a un partido político: «Cómo te pasas, tío». Todo, presuntamente y en tribunales.
Los ciudadanos de derechas, de izquierdas y mediopensionistas decidirán si el sanchismo merece un premio o un castigo; si la socialdemocracia debe tener un relevo y sacar fuera a los truhanes; si premiar a la izquierda del PSOE por su actividad gobernativa o castigarla por sus complicidades; si darle mayoría absoluta al PP o dejar que gobierne con la extrema derecha; si premiar el discurso demagógico de Vox y la ultraizquierda o votar por la ecuanimidad y la moderación. Son muchas las respuestas que deben resolver los españoles el 29 de septiembre.
De momento, esperamos que la tradición de imparcialidad de la Diputación Permanente del Congreso, que ha sido lo acostumbrado, no sea violentada en un nuevo giro del sanchismo. Sería su última felonía, su último servicio a la ignominia.