La plaza número 5 del Tribunal de Instancia de
Roquetas de Mar ha dictado sentencia firme contra el propietario de una vivienda adjudicada en subasta judicial por embargo tras haber cortado los suministros de electricidad y agua a la anterior dueña para forzar su salida de la vivienda. La víctima del acoso, una mujer de 88 años de edad que residía en el inmueble, venía cumpliendo de forma puntual con el pago de ambos servicios esenciales y se encontraba a la espera de que el órgano judicial acordara la fecha del lanzamiento legal derivado del procedimiento hipotecario.
La resolución judicial se ha alcanzado mediante un acuerdo de conformidad entre las partes en el marco de unas Diligencias Urgentes iniciadas tras el correspondiente atestado redactado por el puesto de la
Guardia Civil de
Roquetas de Mar. En el trámite de comparecencia, el acusado reconoció la comisión de un delito de coacciones y aceptó la imposición de una pena de 14 meses de multa a razón de una cuota diaria de 7 euros, lo que suma un importe total de 2.940 euros, además del abono íntegro de las costas procesales generadas en la causa. El fallo contempla asimismo la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago o insolvencia. Al haber manifestado las partes de viva voz su intención de no recurrir la decisión, la sentencia fue declarada firme en el mismo acto.
Los hechos probados se sitúan en el verano de 2026, cuando el procesado, tras adjudicarse la vivienda en una subasta por ejecución hipotecaria, decidió interrumpir de forma arbitraria las acometidas de agua potable y suministro eléctrico con el propósito de apremiar la marcha de la habitante. En ese momento, la afectada habitaba el domicilio de forma legítima, dado que la fase de ejecución y la orden judicial para el lanzamiento no se habían consumado. La mujer se había visto privada del inmueble tras no poder hacer frente a las cuotas de la hipoteca, un préstamo que había estado abonando con regularidad durante 25 años. Ante la gravedad de la privación de servicios básicos, el propio juzgado dictó una orden de restitución inmediata para reanudar el abastecimiento de agua y luz.
La actuación del nuevo propietario coincide en el tiempo con el reciente pronunciamiento realizado por el magistrado titular de la plaza número 5 de
Roquetas de Mar, Claudio García Vidales, quien previno públicamente contra el incremento de coacciones ejercidas por parte de algunos compradores y arrendadores sobre personas inmersas en procesos de embargo, lanzamientos pendientes o impagos circunstanciales de renta en la provincia de
Almería. El juez advirtió de que este tipo de presiones ilegales responde con frecuencia a una errónea interpretación de la doctrina del Tribunal Supremo sobre ocupaciones ilegales. Según recalcó el magistrado, dicha jurisprudencia distingue con nitidez entre las ocupaciones delictivas sin título y la situación de los inquilinos o deudores de buena fe que atraviesan dificultades puntuales, a quienes la legislación ampara expresamente frente a cualquier tipo de medida coercitiva al margen de los cauces judiciales previstos por la ley.