La instalación de un asentamiento en el tramo final del Paseo de
Almería, concretamente en la Plaza Circular, a raíz de las recientes movilizaciones por la problemática del acceso a la vivienda, ha motivado el requerimiento de explicaciones por parte del portavoz municipal de
Vox, Juan Francisco Rojas. El concejal ha trasladado sus dudas a la delegación del área de seguridad y a la alcaldesa con la intención de conocer el grado de legalidad y la cobertura administrativa de esta protesta de carácter continuado que se ha desplegado en la vía pública de la ciudad.
El representante político ha cuestionado formalmente si esta movilización social cuenta con la tramitación pertinente ante la Subdelegación del Gobierno en
Almería, indagando sobre la comunicación previa exigida por la normativa vigente para la celebración de concentraciones, así como por el periodo exacto de duración especificado por los organizadores. La preocupación se focaliza especialmente en el despliegue de tiendas de campaña e infraestructuras efímeras en la zona baja de la arteria principal del municipio, lo que supone un uso prolongado del suelo urbano de tránsito peatonal.
En esta misma línea de fiscalización hacia la gestión de la alcaldesa, la formación solicita verificar si los acampados disponen de la correspondiente autorización municipal para el uso y ocupación privativa del dominio público. El portavoz ha recordado que cualquier ciudadano o colectivo debe contar con el visto bueno formal de la administración local para instalar carpas o elementos fijos en las calles de la capital almeriense por un tiempo determinado, con el fin de regular el espacio compartido y asegurar el cumplimiento de la reglamentación.
Asimismo, se ha planteado la necesidad de actuar con idéntico rigor sancionador ante la falta de los títulos habilitantes necesarios. Desde el grupo político argumentan que, de constatarse la ausencia de los permisos oportunos, el Consistorio debe incoar los oportunos expedientes por infracción administrativa debido a la ocupación indebida de la vía y el entorpecimiento del flujo peatonal. La postura expuesta defiende que se debe garantizar la igualdad ante la ley de todos los habitantes y evitar agravios comparativos respecto a cualquier persona que altere la libre circulación en el espacio público.