La Fiscalía Provincial de Almería ha expresado su profunda preocupación ante la concesión de clasificaciones iniciales en tercer grado a reclusos condenados por ilícitos penales de gran entidad. Según recoge el informe de la Fiscalía General del Estado correspondiente al ejercicio 2025, el órgano fiscalizador advierte sobre la flexibilización de criterios por parte de la Junta de Tratamiento Penitenciaria, al otorgar el régimen de semilibertad a reclusos que carecen de las pautas habituales de resocialización necesarias para dar este paso.

Ante esta situación, el Ministerio Público está formalizando diversos recursos contra los terceros grados otorgados al considerarlos improcedentes desde el punto de vista legal y penitenciario. Entre las principales razones argumentadas para frenar estas salidas destacan el escaso tiempo efectivo que los internos han permanecido entre rejas, la falta de acreditación sobre su participación en programas o actividades de tratamiento, y la ausencia total de permisos ordinarios previos que avalen una progresión graduada.

El escenario resulta especialmente alarmante para las autoridades judiciales en aquellos casos de condenas de larga duración por delitos de máxima gravedad en los que los penados no han llegado a cumplir ni una cuarta parte de su sanción privativa de libertad. Las objeciones del Ministerio Fiscal se concentran de forma mayoritaria en expedientes vinculados a delitos contra la salud pública o el tráfico de droga, causas de extrema gravedad e internos de origen extranjero. Respecto a este último grupo, la representación legal del Estado recalca que la posibilidad de una expulsión sustitutiva no debe emplearse como un argumento para graduar el régimen penitenciario, sino que debe ser una consecuencia posterior a dicha clasificación.

En la actualidad, el Centro Penitenciario ubicado en la provincia almeriense alberga a un total de 934 reclusos entre hombres y mujeres, sobre los cuales recae la aplicación de estas medidas de clasificación e intervención penitenciaria.