Hay votaciones que duran segundos y problemas que no esperan a que termine la legislatura. El viernes, el Congreso rechazó dos decretos de vivienda del Gobierno.
A mi juicio, eran dos parches de emergencia y su exposición normativa parecía una soflama ideológica de los 80. Uno prorrogaba la protección frente a determinados desahucios de hogares vulnerables sin alternativa; el otro, la renovación automática de ciertos alquileres. Aunque el rechazo fue más amplio, en Almería los populares Maribel Sánchez Torregrosa, Rafael Hernando y Ana Martínez Labella, y Rocío de Meer, de Vox, votaron NO.
El PP y Vox defienden construir más casas, pero rechazaron estos dos decretos. Construir más es necesario ante el desequilibrio entre oferta y demanda que señala el Banco de España. Pero, mientras llegan las nuevas casas, los alquileres vencen cada mes.
El PP presentó en Níjar en enero sus 15 medidas de choque: un millón de viviendas en cuatro años, IVA al 4% y fórmulas para facilitar el ahorro. La cifra impresiona, pero deja preguntas esenciales sin respuesta: dónde se construirán, cómo se financiarán y cuándo estarán listas. Sin respuestas, el plan queda en una declaración de intenciones, un brindis al sol.
Después del caso Maricarmen, símbolo de la crisis de la vivienda, el Gobierno llega con el extintor cuando el fuego ya se ha extendido. Pero criticar al Gobierno no exime a las demás administraciones: el Ejecutivo no puede convertir la urgencia en coartada eterna, ni la Junta y el Ayuntamiento eludir la suya.
A los cuatro diputados almerienses que votaron en contra no hay que pedirles principios, sino una alternativa verificable. Si construir es la solución, que expliquen a qué precio: el Ayuntamiento, vía Almería XXI, vende 74 pisos en La Vega de Acá por 239.273 euros. Datos del registro municipal confirman que el 75% de los agraciados por sorteo acaba renunciando, según se expresó en el pleno del pasado 12 de junio de 2026.
No renuncian porque los pisos sean feos ni por falta de calidad -son modernos y bien terminados-, sino porque cuestan como en el mercado libre. Exigen reunir unos 60.000 euros para la entrada de una hipoteca. Una utopía en una provincia con un salario medio bruto anual de 22.300 euros, por boca del concejal Raúl Enríquez.
¿A quién dicen sus señorías que protege la vivienda protegida?