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Las trabajadoras del sector de la atención a la dependencia en la provincia de Almería continúan sufriendo elevados índices de precariedad laboral a pesar de que el sistema asistencial está recibiendo la mayor aportación económica de su historia. Coincidiendo con la jornada mundial por el empleo digno, los representantes de las trabajadoras se han manifestado ante la sede del Gobierno autonómico en la capital almeriense para exigir que este incremento de partidas públicas llegue directamente a las nóminas de la plantilla.
La concentración realizada ante la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía por las organizaciones
UGT y CCOO ha situado en el centro de las reivindicaciones la necesidad de actualizar el modelo laboral. Las centrales consideran que el refuerzo económico canalizado desde las instituciones del Estado no debe destinarse en exclusiva a incrementar el número de usuarios o prestaciones, sino que ha de repercutir en una mejora de los sueldos, el ajuste de las ratios asistenciales y la estabilización de un sector fuertemente feminizado que engloba a más de 150.000 profesionales en la Comunidad.
Las aportaciones procedentes del Estado alcanzan este curso un máximo histórico superior a los 957 millones de euros en la Comunidad, cifra que se incrementará con casi 318 millones adicionales durante 2026 y prevé superar los 1.200 millones en 2027 para financiar la mitad del coste del servicio. Sin embargo, este flujo presupuestario contrasta de forma severa con la realidad de las cuidadoras a domicilio y el personal de residencias en la provincia de
Almería, donde se contabilizan 27.882 personas con grado de dependencia reconocido. En este ámbito, las trabajadoras afrontan tasas de temporalidad y parcialidad involuntaria que superan el 60%, a lo que se suman los trayectos entre viviendas no considerados como tiempo de trabajo y la exigencia de disponibilidad mediante bolsas de horas.
Esta inestabilidad resulta especialmente crítica en el panorama del mercado de trabajo almeriense, donde la retribución media anual se sitúa en 18.733 euros, cifra que se posiciona un 25% por debajo de los niveles del territorio fiscal común y sensiblemente inferior a la media de la Comunidad. De igual modo, los datos de desempleo del segundo trimestre de 2026 colocan a la provincia de
Almería como la única de la geografía autonómica donde no aumentó la ocupación, manteniendo un desempleo del 16,05%, muy por encima del 9,87% registrado en el conjunto del Estado.
Frente a esta coyuntura, las organizaciones sindicales responsabilizan tanto a la
Junta de Andalucía como a las empresas adjudicatarias del servicio. Por ello, instan al Ejecutivo autonómico a elaborar pliegos de contratación que blinden de manera efectiva las condiciones retributivas y exigen la renovación de los convenios colectivos, una adecuada protección frente a riesgos laborales y la articulación del derecho a la jubilación anticipada para el personal dedicado a los cuidados.