Las principales organizaciones del sector primario —ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias— han unido sus fuerzas para requerir al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la aplicación inmediata del mecanismo de regulación de la oferta oleícola durante la campaña 2026/2027. Esta solicitud busca contener la grave pérdida de rentabilidad que sufren las explotaciones en la provincia de Almería y en el resto del Estado, donde los importes de venta han caído a niveles que impiden cubrir los costes básicos de cultivo.
El reclamo se ha formalizado mediante una carta dirigida al ministro del ramo, en la que se pide dictar cuanto antes la correspondiente orden ministerial y la resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios. La medida pretende establecer un porcentaje obligatorio de almacenamiento para las almazaras en virtud del artículo 167 bis del Reglamento europeo 1308/2013, mecanismo respaldado por la Dirección General de la Competencia de la Unión Europea para equilibrar el mercado.
La evolución de las pizarras resulta altamente preocupante para los agricultores. Las cotizaciones medias del aceite de oliva virgen extra se sitúan en torno a los 3,30 euros por kilo, mientras que la variedad lampante ha descendido hasta los 2,90 euros por kilo. Estos precios se posicionan por debajo de lo que cuesta producir en la inmensa mayoría de los olivares, situación agravada por la importante subida experimentada en el último año en el precio de los carburantes, los insumos agrícolas y la mano de obra.
Las entidades del sector fundamentan su petición en los datos de existencias y aforos de cosecha derivados del avance de declaraciones de operadores correspondiente a septiembre. Asimismo, remarcan que la molturación desarrollada durante el mes de octubre tiene un peso creciente sobre las tendencias del mercado. En este sentido, alertan de que un retraso en la publicación de la norma generaría una importante distorsión y competencia desleal, ya que los productores que comercialicen su aceite antes de la entrada en vigor quedarían exentos de la retención obligatoria.
La propuesta normativa contempla además un mecanismo flexible para ajustar los volúmenes inmovilizados conforme avance el año agrícola. De este modo, una vez consolidados los datos definitivos de producción y existencias, el Gobierno podrá disponer la liberación gradual del aceite retenido si las condiciones del mercado lo aconsejan. Con este instrumento se persigue garantizar la viabilidad de miles de explotaciones y asegurar la continuidad económica en los municipios rurales de la Comunidad andaluza y del conjunto del país.