La provincia de
Almería afronta las próximas elecciones generales del 29 de noviembre inmersa en una anomalía demográfica y política sin precedentes en su historia electoral reciente. El Censo Electoral de Residentes Ausentes, conocido por sus siglas CERA y que engloba a la ciudadanía almeriense que reside en el extranjero, ha experimentado un crecimiento acelerado que quiebra las series históricas conocidas. Este fenómeno coincide de forma directa con la polvareda judicial y política generada en torno a la denominada ley de nietos, situando a la provincia en el foco de una decisión que podría condicionar el resultado en las urnas.
Las cifras del censo manejadas a partir de los cierres mensuales del Instituto Nacional de Estadística, que sirven para confeccionar el censo electoral definitivo, reflejan la progresión constante de este registro en la provincia. A fecha de 1 de enero de 2024,
Almería contaba con 45.405 electores inscritos en el CERA. Doce meses más tarde, el 1 de diciembre de 2024, la cifra ascendía a 47.450 personas, lo que supuso un crecimiento de 2.045 electores a lo largo de ese año. El ritmo continuó al alza durante el siguiente ejercicio: el 1 de enero de 2025 se contabilizaban 47.660 inscritos y para el 1 de diciembre de 2025 la cifra alcanzó los 50.214, sumando 2.554 nuevos votantes en un año.
El salto más pronunciado se ha registrado durante los primeros trimestres de 2026. A 1 de enero de este año, el CERA almeriense registraba 50.368 electores, mientras que al cierre del 1 de septiembre —el último dato disponible y el que determina el censo de referencia para las generales al estar cerrado a 1 de agosto— la cifra alcanzó los 53.098 electores en el exterior. Este incremento supone la incorporación de 2.730 nuevos votantes en tan solo nueve meses, una cifra superior a todo el crecimiento experimentado en 2025 y notablemente mayor que el de 2024.
Considerando que a enero de 2026 la provincia de
Almería sumaba un censo total de 531.884 electores, repartidos entre 481.516 residentes y 50.368 ausentes, superar la barrera de los 53.000 inscritos en el extranjero implica que el voto exterior representa ya casi el diez por ciento del electorado provincial. En términos prácticos, uno de cada diez electores almerienses ejercerá su derecho desde fuera del Estado español. Para poner en perspectiva el volumen de este censo ausente, su tamaño supera holgadamente el censo total de votantes de grandes municipios almerienses como
Roquetas de Mar, que registra 1.752 electores en el CERA, o
El Ejido, con 991.
El impacto de este electorado resulta especialmente visible en comarcas como el Almanzora y Los Vélez, donde la huella de la emigración almeriense de las décadas de 1960 y 1970 hacia destinos como Cataluña, Bélgica, Francia, Suiza y Argentina mantiene un reflejo censal determinante. Con datos de enero de 2026, municipios como
Lubrín presentan un censo exterior de 931 electores frente a los 882 residentes en el pueblo;
Sorbas registra 955 votantes en el CERA ante 1.655 residentes; y
Albanchez cuenta con 451 en el CERA frente a 381 locales. Asimismo, en
Arboleas figuran 765 electores ausentes frente a 1.230 residentes; en
Cantoria, 992 frente a 2.163; en
Albox, 2.086 frente a 7.331; y en
Huércal-Overa, 3.180 ausentes ante 13.019 residentes.
Esta transformación del censo obedece al impacto de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022, conocida como ley de nietos, que habilita la adquisición de la ciudadanía a descendientes de exiliados. En el conjunto del Estado español, el CERA para los comicios del 29-N se ha incrementado en casi 420.000 personas en comparación con las generales de julio de 2023. El propio Tribunal Supremo sitúa el aumento a fecha de 1 de julio de 2026 en 408.262 inscritos adicionales, pasando de 2.328.260 votantes en 2023 a 2.736.522. Por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores se han tramitado más de 1,2 millones de solicitudes, aprobando 571.761 expedientes e inscribiendo en los consulados a 333.696 personas.
El anuncio del adelanto electoral por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alterado los tiempos del Tribunal Supremo, que el pasado 8 de septiembre había dictado la suspensión cautelar del derecho a voto para los beneficiarios de la ley de nietos que no acreditasen documentalmente el exilio de sus ascendientes. Aquella resolución, adoptada a raíz de los recursos presentados por Vox e Iustitia Europa, argumentaba que la magnitud de la incorporación generaba un riesgo real sobre la transparencia del proceso electoral. Ante la fijación del 29-N, el alto tribunal ha abierto un plazo improrrogable de 48 horas para que las partes formulen alegaciones, por lo que la resolución definitiva podría dictarse de forma inminente.
En el plano judicial y político se mantienen posturas enfrentadas. El Gobierno argumenta que resulta inviable desde el punto de vista técnico y material diferenciar dentro del CERA a los ciudadanos acogidos a la ley de nietos del resto de electores en el breve margen previo al periodo de consulta del censo, fijado entre el 12 y el 19 de octubre. Según la postura del Ejecutivo, la imposibilidad de revisar cerca de 170.000 expedientes vinculados al CERA abocaría a suspender la totalidad del censo en el extranjero o a mantenerlo íntegro. La Fiscalía ha solicitado el levantamiento de la suspensión para garantizar el sufragio de todos los inscritos, mientras que Vox e Iustitia Europa exigen mantener la medida cautelar e incluso han planteado paralizar las elecciones para asegurar su efectividad, demandando a la Junta Electoral Central que excluya del censo a las personas nacionalizadas por esta vía.
La relevancia de este debate en
Almería es decisiva para el reparto de los 6 diputados que corresponden a la provincia en el Congreso. Se trata de una circunscripción donde el margen para decantar el último escaño se sitúa históricamente entre los 2.000 y los 3.000 votos. Pese a que en los últimos comicios al Parlamento de Andalucía celebrados en mayo de 2026 la participación del CERA almeriense fue del 5 por ciento, con 2.662 votos sobre un total de 50.833, una movilización del voto exterior posee capacidad suficiente para alterar el resultado final. En la esfera municipal, la controversia ha llevado al portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Almería, Juan Francisco Rojas, a elevar una moción para solicitar una revisión exhaustiva de las inscripciones en el censo exterior provincial.
El criterio que adopte finalmente el Tribunal Supremo determinará la composición del censo definitivo en la provincia. De ratificarse la suspensión cautelar, la administración debería acometer la tarea de depurar la situación registral de las 53.098 personas inscritas en el CERA almeriense en menos de un mes. En caso de levantarse la medida, el censo mantendrá la incorporación de los 2.730 nuevos electores almerienses registrados en los últimos nueve meses, un volumen que por sí solo duplica las diferencias habituales de votos con las que se asigna el sexto diputado por la provincia de
Almería.