Se acerca la cita electoral del 29 de noviembre y, como en toda convocatoria que se precie en la última década, la política en el Estado ha vuelto a vestir sus mejores galas de trinchera. El guion de la campaña es el de siempre: desde el PSOE de Pedro Sánchez nos recordarán que el único cometido cívico es frenar la llegada de un bloque conservador recortador de derechos; mientras tanto, desde el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo y la extrema derecha de Vox se instará a rescatar al Estado de una supuesta autocracia al borde del colapso. En medio de esta superproducción del bien contra el mal, cabe hacerse la incómoda pregunta de rigor: ¿dónde quedan las urgencias reales de la provincia de Almería?
No se trata de restar un ápice de importancia a debates de hondo calado como la lucha contra la corrupción, el negacionismo climático, la violencia de género o los discursos xenófobos e islamófobos que emergen con inquietante ligereza. Por supuesto que esos factores deben pesar en la conciencia del elector. La clave de la polarización actual consiste en lograr que el ruido de los titulares mediáticos eclipsen por completo la gestión cotidiana de las necesidades más próximas. La ciudadanía acude a las urnas hipnotizada por la épica estatal, mientras los problemas estructurales de la provincia permanecen congelados en el tiempo.
Resulta irónico comprobar cómo, si se rascara un poco la superficie de la demagogia habitual, en las cuestiones cruciales para la provincia apenas existe discrepancia conceptual entre los grandes partidos. ¿Acaso hay alguna formación que no desee la llegada definitiva del tren de alta velocidad a Almería o la culminación del histórico soterramiento de las vías del ferrocarril? Ministros como Óscar Puente o Félix Bolaños se paseban por las obras prometiendo la entrega de la estación para "esta legislatura" que terminaba oficialmente en 2027, pero eludiendo con elegancia fijar en el calendario la fecha exacta en la que el AVE rodará de verdad... De igual modo, nadie cuestiona que el campo almeriense necesita una gestión del agua seria y eficiente —con infraestructuras hídricas y desaladoras rindiendo al máximo— para garantizar la supervivencia de la agricultura, o que se requieren servicios públicos de calidad para la atención a la dependencia. Todo el arco parlamentario firmaría mañana mismo que los ciudadanos disfruten de una provincia con mejores infraestructuras.
La verdadera pregunta que debería guiar el voto el próximo 29N no es qué trinchera grita más fuerte, sino quién está capacitado para gestionar con eficacia ese catálogo de asignaturas pendientes. Se trata de discernir qué candidatura conoce al detalle la realidad almeriense, responde mejor a sus urgencias y es capaz de ejecutar inversiones sin convertirlas en un eterno sainete de plazos incumplidos. Si al Partido Socialista le quedan ganas tras la noche electoral para seguir ostentando la etiqueta de "partido grande", o si el Partido Popular demuestra capacidad real de ejecución, es algo que debería medirse en términos de solvencia gestora, no de eslóganes inflamables.
A este panorama se suma la tiranía del centralismo mediático. Quien sintonice un informativo en la provincia comprobará con estupefacción cómo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, monopoliza la escaleta diaria con titulares incendiarios como si fuera la voz cantante del PP o la regidora del debate estatal. Mientras tanto, a presidentes de Comunidades Autónomas como el de Andalucía, Juanma Moreno, o a sus homólogos en Extremadura, el País Vasco o Cataluña, apenas se les reserva espacio televisivo salvo que la actualidad madrileña les conceda una tregua. La gestión territorial fuera del perímetro de la M-30 parece no existir para los focos.
La ciudadanía almeriense se encamina a las urnas exhausta por una polarización orientada únicamente a enfrentar a la población en polémicas prefabricadas. Exigir que los asuntos de la provincia adopten el protagonismo que merecen en la campaña no es un capricho localista: es el único antídoto contra el cansancio democrático. El próximo 29 de noviembre, la papeleta no debería ser una trinchera en una guerra ajena, sino un contrato exigente de gestión con la provincia.