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El Gobierno municipal de Almería continúa a la espera de que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) evalúe el ofrecimiento de los terrenos ubicados en el paraje de El Calcetín, en Retamar, destinados al traslado de la Finca Experimental de La Hoya. Este espacio alberga actualmente a diversas especies protegidas, entre ellas varios ejemplares de gacelas y ungulados en peligro de extinción.
La concejal y portavoz del equipo de gobierno local, Sacramento Sánchez, perteneciente al
PP, señaló este martes que desde la administración municipal aún no han recibido contestación respecto a la alternativa planteada. La edil recordó que la intención de la propuesta consistía en poner a disposición del organismo investigador una ubicación con mejores condiciones para el desempeño de sus tareas de conservación e investigación biológica.
Esta iniciativa municipal sigue la línea aprobada durante la primavera pasada en el pleno del Consistorio capitalino. En aquella sesión prosperó una moción planteada por el
PP para solicitar al Gobierno de España la puesta en marcha de los procedimientos correspondientes para el cambio de sede del centro investigador. La meta es apartar estas instalaciones del ámbito urbano, donde se localizan actualmente, justo a los pies del conjunto monumental de la Alcazaba y el Cerro de San Cristóbal.
Desde la formación popular defienden que la parcela propuesta en Retamar permitiría triplicar la extensión del espacio disponible actual. A juicio del equipo de gobierno, este incremento de superficie posibilitaría reforzar los niveles de tranquilidad, amplitud y seguridad biológica que requieren las especies amenazadas, optimizando con ello la viabilidad de los programas de conservación a largo plazo.
El planteamiento de la mudanza surgió meses después de que el Ayuntamiento optara por cancelar la programación musical prevista en el entorno de San Cristóbal. La decisión se adoptó tras el deceso de cinco ejemplares entre gacelas y arruís en fechas coincidentes con el inicio de los espectáculos. Aunque la causa quedó archivada en la jurisdicción penal sin apreciar delito, el Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma ha emitido un dictamen preceptivo, no vinculante, en el que plantea una posible indemnización de 25.000 euros para el organismo científico por responsabilidad patrimonial en la vía civil.
Respecto a este pronunciamiento de la institución autonómica, Sánchez explicó que los servicios jurídicos municipales se encuentran estudiando las distintas alternativas legales antes de determinar si el Consistorio abonará o no la compensación económica planteada.