El Gobierno español ha expresado su descontento con la reciente decisión del Tribunal Supremo, que ha rechazado el recurso presentado por el Ejecutivo para levantar la suspensión cautelar de la denominada 'ley de nietos'. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, subrayó que en un sistema democrático, “el derecho al voto se garantiza, no se restringe”.
La crítica se centra en la resolución del Alto Tribunal que mantiene la suspensión para los españoles residentes en el extranjero que están incluidos en el censo electoral bajo esta disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática. Según esta normativa, solo podrán votar aquellos que demuestren ser descendientes de exiliados.
En cuanto a la posibilidad de que el Gobierno presente un recurso ante el Tribunal Constitucional, Saiz evitó dar detalles concretos y se limitó a indicar que están evaluando la decisión del Supremo. Sin embargo, fuentes gubernamentales han señalado que son los propios afectados quienes deben recurrir esta decisión al TC, argumentando que ellos son los legitimados para hacerlo.
Durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado en La Moncloa, Saiz calificó la situación como “de extraordinaria gravedad”, ya que considera que restringe uno de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución: el derecho al voto. A pesar de no estar de acuerdo con la sentencia, aseguró que el Gobierno acatará las resoluciones judiciales.
Aunque el Gobierno está decidido a cumplir con lo ordenado por el Supremo, las fuentes gubernamentales han destacado las complicaciones logísticas que esto conlleva debido al poco tiempo restante hasta las elecciones generales del 29 de noviembre. Muchos de los afectados ya habían votado en elecciones anteriores, lo cual añade complejidad al proceso.
Desde Moncloa también se ha manifestado preocupación por lo que consideran una utilización política del tema. Acusan a los partidos de derecha, como PP y Vox, de generar incertidumbre sobre un sistema electoral que aseguran es completamente garantista. En este sentido, han denunciado prácticas 'trumpistas' al cuestionar la integridad del proceso electoral.