Las palabras de Alberto Núñez Feijóo sobre los sacrificios que tendría que afrontar España bajo un Gobierno del PP plantean una pregunta: ¿quiénes tendrán que sacrificarse y quiénes quedarán al margen?
Las familias que no llegan a fin de mes, los jóvenes que no pueden emanciparse, los trabajadores que afrontan el encarecimiento de la vida y los pensionistas que necesitan mantener su poder adquisitivo ya hacen suficientes esfuerzos. España necesita soluciones, no resignación.
Frente a esa visión, el Gobierno de España ha apostado por políticas progresistas como la subida del salario mínimo, la revalorización de las pensiones y el refuerzo de la protección social. Gracias a ello el salario mínimo hoy se sitúa en 1.221 euros mensuales en catorce pagas. Medidas que defienden una idea esencial: trabajar debe permitir vivir con dignidad.
Mientras tanto, las grandes energéticas siguen obteniendo beneficios millonarios. Iberdrola, Naturgy, Endesa y Repsol sumaron 12.405 millones de euros de beneficio neto en 2025, según datos recopilados por EFE. En un sector esencial, resulta legítimo exigir una regulación eficaz y una fiscalidad justa para que el interés general prevalezca.
No se trata de cuestionar a las empresas, sino de evitar que las crisis recaigan principalmente sobre las familias, mientras quienes tienen mayor capacidad económica quedan al margen.
Las políticas progresistas defienden la sanidad y la educación públicas, las pensiones dignas, mejores salarios y el acceso a la vivienda. También apuestan por las energías renovables y por reducir nuestra dependencia energética.
Feijóo debe explicar qué sacrificios propone, quiénes los asumirían y cómo afectarían a los trabajadores y a los servicios públicos. No basta con presentar los esfuerzos como inevitables: hay que aclarar cómo se repartirán.
España necesita crecimiento y empresas competitivas, pero también salarios suficientes, vivienda asequible y oportunidades para todos. El progreso no puede medirse solo por los beneficios empresariales, sino por la calidad de vida de la ciudadanía. La economía debe estar al servicio de las personas.