La provincia de
Almería se mantiene como el territorio más castigado por la pobreza estructural en Andalucía, encabezando las cifras de vulnerabilidad y exclusión social. A la espera de la publicación del desglose provincial de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 hacia finales de año, los últimos datos oficiales consolidados señalan que el 38,4 % de la población almeriense, lo que representa a unas 275.000 personas, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social según el indicador AROPE, conocido con moticvo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobrece qeu se conmemora cada 17 de octubre.
Esta tasa sitúa a la provincia de
Almería casi cuatro puntos por encima de la media andaluza y a más de doce puntos de la media del Estado español, registrando asimismo una tasa de pobreza del 32,1 % y un nivel de pobreza severa que afecta al 13,5 % de sus habitantes, liderando también la pobreza extrema con valores superiores al 13 %.
Desde hace 39 años
El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza se conmemora cada 17 de octubre, una fecha instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992 para visibilizar la pobreza extrema y promover políticas que garanticen los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad. Su origen se remonta a 1987, cuando el activista Joseph Wresinski reunió en París a miles de personas para denunciar la exclusión social y reivindicar la dignidad de quienes viven en pobreza.
En España, la jornada tiene una fuerte presencia institucional y social. Redes como EAPN-ES organizan actos, campañas de sensibilización y la presentación de informes como El Estado de la Pobreza, que analizan la evolución de la exclusión social en el país. Comunidades autónomas como Andalucía celebran actividades específicas cada 17 de octubre, con el objetivo de concienciar a la ciudadanía y reclamar políticas públicas más eficaces contra la desigualdad. Si quieres, puedo adaptar el texto a un enfoque más local para Almería o ampliar datos sobre la situación de pobreza en España.
Los indicadores socioeconómicos disponibles de 2025 refuerzan la gravedad de la situación en la provincia de
Almería. Según los datos difundidos por el INE, el territorio almeriense registra la renta neta media más baja de todo el Estado español, cifrada en 10.103 euros por persona o 11.543 euros según la métrica por habitante, situándose por detrás de provincias como Jaén y Huelva. A este panorama se suma el dinámico crecimiento demográfico de la provincia, que ha alcanzado los 773.384 residentes tras superar los 770.554 empadronados previos. Esta expansión poblacional, fuertemente vinculada a la corriente migratoria que nutre la mano de obra del sector agrario, incrementa la presión sobre las necesidades sociales. En este escenario, la nómina oficial de la Seguridad Social contabilizó en enero de 2025 un total de 17.079 personas perceptoras del Ingreso Mínimo Vital en la provincia de
Almería.
El análisis del contexto almeriense realizado por la plataforma Almería Unida contra la Pobreza destaca la cronicidad de la infravivienda y de los asentamientos informales, considerados permanentes en el cien por cien de los casos identificados en la provincia. En la vertiente urbana, la zona de Pescadería-La Chanca en la ciudad de
Almería figura en estudios de pobreza energética como uno de los cuatro grandes barrios desfavorecidos analizados en todo el Estado español.
En el ámbito rural, se constata la presencia de focos chabolistas donde malviven miles de personas sin acceso a suministros básicos de agua corriente, alcantarillado, gas o recogida de residuos. Un claro ejemplo se localiza en el municipio de
Níjar, que concentra en torno a 40 asentamientos, entre ellos el de Atochares, con una población aproximada de 1.600 personas. Para abordar este problema prolongado durante más de 25 años, el Ayuntamiento de
Níjar aprobó en 2024 su Plan Local Integral para la Erradicación de Asentamientos Chabolistas, al tiempo que la
Junta de Andalucía, junto a administraciones locales de
Almería y Huelva, elabora el primer censo de habitantes en estos entornos en el marco del primer Plan Estratégico para la Erradicación de los Asentamientos Informales.
Esta realidad provincial se inserta en los resultados del XVI Informe sobre el Estado de la Pobreza en Andalucía, presentado en Sevilla por la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social con ocasión del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, fijado cada 17 de octubre. Con base en la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025, el documento revela que el 34,7 % de la población andaluza, equivalente a cerca de tres millones de personas o uno de cada tres ciudadanos, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. A pesar de una leve bajada de 0,9 puntos frente al 35,6 % de 2024, Andalucía continúa encabezando la tasa AROPE en el conjunto del Estado español, nueve puntos por encima del promedio de España, fijado en el 25,7 %. Desde la red social subrayan que este modesto descenso no disimula que la recuperación socioeconómica sigue sin alcanzar a una masa significativa de la población.
El diagnóstico andaluz refleja además que la comunidad se sitúa a la cabeza en cuatro de los cinco indicadores principales de pobreza y exclusión social: el indicador AROPE, el riesgo de pobreza (situado en el 27,7 %), la carencia material y social severa y la baja intensidad en el empleo. La brecha de género repercute con mayor intensidad en las mujeres, con una tasa AROPE del 36,7 % frente al 32,6 % de los varones, mientras que en las familias monoparentales la vulnerabilidad alcanza el 50,3 %. En el colectivo infantil, el 33,8 % de los menores andaluces se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión, cifra que asciende al 39,3 % en los registros ampliados de 2025, con un impacto acusado en provincias con alta temporalidad agraria como
Almería.
Asimismo, disponer de empleo no garantiza la protección económica, puesto que el 17,4 % de los trabajadores andaluces padece riesgo de pobreza. Ante este panorama, las 69 organizaciones agrupadas en la red reclaman la firma de un Pacto Andaluz contra la Pobreza con dotación presupuestaria estable, la potenciación de las rentas mínimas y la Garantía de Ingresos, así como intervenciones específicas orientadas a la infancia, los hogares monomarentales y las personas migrantes en asentamientos.
Cruz Roja y Cáritas
En la provincia de Almería, Cruz Roja desempeña una intervención asistencial de primer orden para amortiguar el impacto de la pobreza extrema y la exclusión social. La organización atendió durante el año 2025 a más de 31.600 personas en la provincia de Almería, focalizando sus proyectos en combatir el desempleo, la soledad no deseada y la falta de recursos básicos. Su labor adquiere especial relevancia en el ámbito de la infravivienda, donde sus equipos humanitarios y su red de voluntariado prestaron ayuda directa a más de 10.000 personas en asentamientos agrícolas y núcleos chabolistas, ofreciendo atención sanitaria de emergencia, entrega de bienes de primera necesidad, mediación social y orientación jurídica para favorecer la integración.
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Por su parte, Cáritas Diocesana de Almería constituye otra red fundamental de contención social que acompañó durante el último ejercicio a más de 7.800 personas beneficiarias directas y llegó a más de 22.000 personas en la provincia de Almería mediante su red parroquial, economatos y centros de atención. Ante la creciente presión del mercado inmobiliario, Cáritas destinó prácticamente la mitad de sus ayudas económicas a sufragar gastos relativos a la vivienda, como alquileres y suministros del hogar, para evitar desahucios. Asimismo, la entidad desarrolla intervenciones específicas con la infancia en municipios como Níjar y gestiona programas de formación e inserción sociolaboral que permitieron acceder al mercado de trabajo a decenas de personas en situación de vulnerabilidad en el territorio almeriense.