El Ministerio Público ha formalizado una petición de 24 años de cárcel para el procesado por la muerte de Mery, cuyo cadáver calcinado fue localizado en una acequia del barrio almeriense de Retamar, en la provincia de Almería, a finales de diciembre de 2024. El escrito acusatorio atribuye al imputado delitos de homicidio, robo con violencia y profanación de cadáver, mientras que la acusación particular, ejercida por los allegados de la víctima, eleva la exigencia de pena a más de tres décadas al calificar la agresión como un asesinato cometido con alevosía.
El trágico suceso tuvo lugar en el interior del vehículo del acusado, tras un recorrido en el que ambos habían estado consumiendo sustancias de droga. Según el relato del fiscal, la discusión sobre el destino final del trayecto —ya que la víctima pretendía dirigirse hacia el núcleo de Las Marinas en Roquetas de Mar— desembocó en un ataque imprevisto. Aprovechando el reducido espacio de la cabina y que la mujer le daba la espalda, el agresor empleó una cadena metálica para perros que guardaba en la puerta del coche para asfixiarla de forma repentina hasta causarle el fallecimiento.
Posteriormente, el individuo trasladó el cuerpo hasta la zona de Retamar, sustrajo los 150 euros que la víctima llevaba ocultos en la vestimenta y se desplazó a otra barriada para adquirir más estupefacientes. Al regresar a la escena para verificar lo ocurrido, introdujo de nuevo el cadáver en el coche para desplazarlo unos metros hasta un canal de riego, donde lo cubrió con desperdicios y le prendió fuego con papel e inflamables hasta dejarlo completamente irreconocible.
Al día siguiente, el propio acusado acudió a la comisaría de la policía nacional pretendiendo ser un mero testigo y culpando a una tercera persona no identificada. Sin embargo, terminó confesando la autoría de los hechos en el momento en que guiaba a las fuerzas de seguridad hasta el paraje donde se hallaban los restos. Pese a contar con un diagnóstico de trastornos vinculados al abuso de sustancias, los informes concluyen que conservaba plena capacidad cognitiva y volitiva en el instante del ataque. Aunque la movilización social y la familia reclamaron encuadrar el caso en el ámbito de la violencia machista, la instrucción judicial descartó la existencia de una vinculación sentimental previa entre ambos.