La lucha por el acceso a un techo digno cobra un nuevo impulso en la provincia de Almería con la creación de una plataforma unificada. El Sindicato de Inquilinas y los integrantes de la Acampada Almería han constituido un comité de coordinación con vistas a la jornada de huelga general programada para el próximo 11 de noviembre. La finalidad de este acuerdo pasa por sumar esfuerzos, articular protestas conjuntas y estructurar un frente amplio que extienda la movilización a los distintos rincones del territorio almeriense.
La confluencia de ambas entidades se escenificó tras un encuentro abierto desarrollado en la Plaza Emilio Pérez, enclave de la capital donde la acampada reivindicativa persiste a pesar de las dos denuncias interpuestas por el Ayuntamiento de Almería. A través de un manifiesto unitario, los colectivos implicados han enfatizado la urgente necesidad de frenar la transformación de los inmuebles residenciales en activos financieros, al tiempo que reclaman garantizar de forma efectiva el derecho a una casa en condiciones dignas.
El escrito pone un foco especial en la problemática de la exclusión habitacional que golpea con fuerza a las áreas agrícolas del territorio almeriense, con especial incidencia en la comarca del Poniente y en el municipio de
Níjar, donde el chabolismo se ha asentado como una realidad estructural que requiere alternativas urgentes y adecuadas.
Entre los ejes fundamentales de su paquete de demandas, la nueva alianza propone la erradicación de las operaciones inmobiliarias de carácter especulativo, el establecimiento de arrendamientos de duración indefinida ajustados a las rentas salariales y la paralización definitiva de cualquier procedimiento de desahucio. Asimismo, abogan por la expropiación de fincas en manos de fondos buitre, la regulación o suspensión de los alquileres turísticos y por habitaciones, la reincorporación al mercado de las viviendas desocupadas, el incremento del parque público residencial y la disolución de la Sareb.
Desde el comité defienden la convocatoria del 11 de noviembre como una herramienta legítima y determinante para canalizar el malestar colectivo hacia medidas concretas. Los organizadores apelan a la cohesión social al margen del signo político que ostente el poder ejecutivo, subrayando la máxima de que «gobierne quien gobierne, la vivienda se defiende».