Quien observe los primeros compases de esta precampaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre podría llegar a la errónea conclusión de que la política consiste en resolver los problemas reales de la ciudadanía. Nada más lejos de la realidad. Lo que presenciamos es una monumental exhibición de álgebra electoral donde la gestión brilla por su ausencia y la calculadora de escaños reina sin oposición.

La propia convocatoria de los comicios, dictada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el naufragio en el Congreso de los Diputados de los decretos sobre vivienda, resulta harto reveladora. Curioso sentido de la oportunidad: gobernar sin Presupuestos Generales del Estado e incumplir el mandato constitucional no merecía una llamada a las urnas, pero la caída puntual de una norma sí justificó apretar el botón rojo. Pura estrategia de calendario, por supuesto, dentro de lo esperable en quien maneja los tiempos del Boletín Oficial del Estado, y ojo, nada nuevo, porque es natural que quien gobierna elija el mejor momento.

El verdadero espectáculo, sin embargo, se despliega en todos los flancos. Tras el desmantelamiento práctico de Sumar —proyecto que no ha logrado sostenerse ni tres años, a pesar del esfuerzo socialista en apuntalarlo—, las fuerzas de ese espacio han decidido rebautizarse como Frente Amplio. La premisa teórica suena a fraternidad ideológica, pero la práctica denota una encarnizada lucha de egos. Organizaciones que beben del mismo ideario pero son todas esciones unas unas otras, que comparten referente doctrinal, pero que son incapaces de ser un único partido político aunque siempre acudan revueltos a las urnas.

Una vez más, han sido incapaces de alcanzar una lista común con Podemos. La formación capitaneada por Ione Belarra e Irene Montero acudió junto a Sumar en los anteriores comicios para amarrar escaños, se desgajó después para atizar libremente tanto al PSOE como a sus antiguos aliados, y ahora decide competir por separado tras encallar las negociaciones. No se trata de convencer a un solo votante indeciso ni de sumar apoyos inéditos; el objetivo confeso es la optimización matemática del voto cautivo para garantizar cuota institucional.

Esta obsesión por exprimir la ley electoral no se queda en el Congreso, alcanza su cénit en la Cámara alta. El PSOE y Frente Amplio han alumbrado a última hora la coalición Senado de Progreso, pactando candidaturas conjuntas en 47 circunscripciones con el fin expreso de arrebatar la mayoría absoluta al PP. Por su parte, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo y las filas de Santiago Abascal en Vox recalculan sus movimientos para blindar su dominio en un Senado históricamente postergado que, de repente, se ha convertido en el Santo Grial del bloqueo parlamentario. Nadie disimula: no hay debates sobre proyectos de futuro, solo maniobras para atrincherarse en las instituciones, y la cosa debe ir bien porque Vox por Almería ha presentado candidatura al Congreso... pero no al Senado... aunque en esta provincia esa unidad de derecha y ultraderecha solo beneficia al PSOE.

El panorama que se le ofrece al electorado es desoladoramente pragmático. Ningún partido aspira seriamente a ensanchar su base social ni a plantear compromisos de calado para los déficit históricos en infraestructuras ferroviarias o gestión hídrica que arrastra la provincia de Almería. La contienda no consiste en persuadir, sino en hacer microcirugía aritmética sobre votantes resignados.

Mientras la izquierda alternativa fragmenta su oferta y los grandes bloques diseñan su guerra táctica, la política útil sigue ausente. Confundir la trilería electoral con la gobernanza es el signo de estos tiempos, y nos queda un mes de asfixiante estrategia y preocupante escasez de política.