¡Por fin! Llega la cordura. Llega el orden. Llega el sentido común de toda la vida. Valencia fue el ensayo general. Con el torero en Cultura, no hizo falta cláusula: se quitó la subvención al animalista para dársela al toro, se retiró el libro LGTBI de la biblioteca, se censuró la obra ya programada. Once meses bastaron para enseñar el método.
Pero Castilla y León ha perfeccionado la fórmula. Ya no hace falta censurar a mano. Basta con cambiar la base de la convocatoria y exigir «objetividad». Allí, con la complacencia del PP, la Consejería de Vox ha tenido una iluminación mística: el cine adoctrina. Qué hallazgo. Después de cien años de películas, resulta que una cámara podía pensar y nadie nos había avisado.
Y no es una interpretación maliciosa: está escrito en una orden oficial. La Orden de 7 de octubre de 2026, firmada por el consejero de Cultura, José Alberto Díaz Pico, de Vox, y publicada en el BOCyL el día 9, establece que las ayudas no podrán destinarse a obras que impliquen «adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas». La orden no explica quién decide qué significa eso.
Su traducción en andaluz castizo sería: hazme una peli que no me incomode, que no hable de mujeres explotadas, de inmigrantes sin papeles, de memoria, de miseria y de nada que huela a verdad.
Es decir, todo lo que incomode al relato oficial, fuera. Una maniobra ideológica, vieja y rancia, que ni Berlanga ni Azcona habrían imaginado tan explícita.
Extremadura ya ensaya a lo grande. Andalucía hace lo propio. Subvenciones alineadas con su Ley de Concordia. ¿Concordia? Qué palabra tan limpia, tan blanca, tan dulcemente franquista. En Andalucía, Moreno Bonilla no necesita prohibir prohibir ninguna película porque ya ha prohibido el mundo que esa película querría contar.
Ahí está truco. No es que no quieran ideología, es que quieren una cultura lavada con su detergente, esa que huele a censura previa con sello oficial.
Imaginemos ahora ese invento trasladado a un hipotético Gobierno de España. El Ministerio de Cultura convertido en Tribunal de Orden Público y, al fondo de un pasillo, un señor en un despacho grande tachando a una película LGTB y sustituyéndola por una narrativa de toros, banderas y familias numerosas subvencionadas. Todo en 4K. Y silencio. El silencio que queda cuando nadie se atreve a rodar lo que piensa por miedo a perder la subvención al cine.
Se vende como libertad, pero es censura. El censor ya no lleva el fajín de los altos cargos del régimen franquista, llevael Boletín Oficial bajo el brazo. Un funcionario decidirá si tu guion es propaganda o cultura. Te lo venderán como neutralidad, pero es intolerancia rancia. Es volver a la España en blanco y negro de la niñez, esa que creía enterrada y que ahora regresa pidiendo aplausos.