La Coordinadora Ecologista Almeriense responsabiliza a las administraciones públicas de las consecuencias de las inundaciones que afectan a la provincia. En una nota de prensa, atribuye el impacto de las lluvias a decisiones urbanísticas como la ocupación de cauces y ramblas y la concentración de construcciones sin planificación suficiente.
La organización señala que la obstrucción urbanística de ríos y ramblas es una de las causas principales de las inundaciones, aunque, según denuncia, no suele figurar entre las explicaciones de estos episodios. También sitúa el origen del problema en el urbanismo ilegal y sostiene que la ocupación de cauces públicos ha sido promovida principalmente por los ayuntamientos.
La Coordinadora acusa a responsables políticos de ceder ante los intereses de los constructores y denuncia el desarrollismo urbanístico, sobre todo en municipios costeros. Afirma que la concentración de edificios en cauces, ramblas y otras zonas inundables ha colapsado la capacidad natural de esos espacios y destruido áreas naturales, además de contribuir a una mayor demanda de agua.
La entidad asegura que lleva años alertando de la falta de medidas municipales para incorporar las zonas inundables de ríos y arroyos a los planes urbanísticos. Con el apoyo de la comunidad científica, personal técnico y residentes locales, ha cuestionado la recalificación de suelos inundables cuando se basa en informes técnicos que considera de dudosa fiabilidad.
La Coordinadora pide revisar con mayor frecuencia los mapas de zonas inundables, debido a la variabilidad del clima y a la recurrencia de fenómenos hidrológicos. Añade que, tras las inundaciones en Valencia, quedó patente, a su juicio, la insuficiencia de la planificación municipal en llanuras de inundación y lagunas temporales.
La organización recuerda que las inundaciones y las crecidas de los ríos son fenómenos naturales conocidos y sostiene que, pese a las advertencias científicas, se sigue urbanizando cerca de los cauces. Considera que esta gestión pone en riesgo tanto el patrimonio natural como a la población, y defiende que respetar los espacios inundables es esencial para ordenar el territorio.
La Coordinadora atribuye a las administraciones públicas, principalmente a los ayuntamientos, la responsabilidad última por los problemas derivados de construir en áreas inundables. Entre las consecuencias menciona fallos estructurales en edificios, corrimientos de tierra, humedades e inundaciones frecuentes. Considera inadmisible la falta de responsabilidad de algunas autoridades ante las denuncias reiteradas y sostiene que gestionar adecuadamente esos suelos protegería el patrimonio natural y la seguridad de quienes viven en ellos.
Sobre el Levante almeriense, la organización afirma que gran parte del territorio se encuentra en zona inundable y que resolver el problema sería muy difícil sin grandes obras de canalización. Estas, señala, resultarían muy costosas para las arcas públicas y no constituirían una solución suficiente ni segura. Como ejemplo, recuerda que el río Antas se ha desbordado varias veces en la zona, con consecuencias catastróficas, y afirma que los políticos municipales parecen olvidar esos episodios hasta que ocurre una nueva catástrofe.
En el Poniente, la Coordinadora alerta de que la construcción indiscriminada y sin control de invernaderos que ocupan ramblas anticipa posibles catástrofes. Señala como el punto más negro por riesgo de inundación la Urbanización Playa Serena Sur, en Roquetas de Mar, y también identifica toda la zona de Las Salinas, entre Roquetas y El Parador, como la desembocadura natural al mar de todo el Poniente.
La Coordinadora Ecologista Almeriense pide a los políticos y organismos competentes que reconsideren sus políticas urbanísticas y pongan fin a las actividades que considera destructivas en el litoral. También reclama que se aplique la ley, que los responsables sean enviados a prisión y que paguen los daños que, según denuncia, están causando sus actuaciones.