El Gobierno central ha consignado una partida económica de 139.801 euros destinada a sufragar las tareas de recogida, traslado, custodia y posterior achatarramiento de unas 280
pateras que se prevé interceptar en el litoral almeriense a lo largo de los próximos doce meses. Esta planificación representa un coste aproximado de medio millar de euros por cada casco retirado y rebaja en 41 unidades las previsiones manejadas durante el ejercicio previo.
La Subdelegación del Ejecutivo en la provincia justifica la necesidad de mantener contratada esta prestación de forma permanente para impedir la acumulación de embarcaciones en la franja costera y evitar sobrecostes innecesarios. Al carecer la administración de instalaciones idóneas e infraestructura especializada propia, la firma adjudicataria deberá estar operativa ininterrumpidamente durante todo el año, garantizando un despliegue operativo en un margen no superior a tres horas tras recibir la notificación por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Los cometidos asignados abarcan el rescate de barcas varadas tanto en el mar como en tierra firme o acantilados de difícil acceso por vía terrestre, debiendo efectuarse en estos últimos casos un remolque marítimo hasta el punto navegable o puerto más cercano. El dispositivo contempla asimismo la recogida de aquellos botes interceptados en las inmediaciones de la isla de Alborán que sean trasladados hasta la costa de la provincia.
Como paso previo al traslado a las dependencias de custodia, el personal técnico confeccionará un expediente detallado acompañado de archivo fotográfico, detallando la ubicación, el estado de conservación y los motores de la embarcación. Una vez depositadas, la empresa dispondrá de un plazo orientativo de tres meses para su despiece y destrucción final, procedimiento que se ejecutará habitualmente con periodicidad mensual salvo requerimiento judicial o policial en contra. El pliego condicionado exige además el tratamiento descontaminante de los propulsores, cuya comercialización completa queda expresamente vetada, permitiéndose únicamente el aprovechamiento del material metálico residual. El contrato proyectado iniciará su vigencia a principios del próximo mes de diciembre y se extenderá hasta finales de 2027.