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El entendimiento alcanzado sobre la futura Política Agraria Común (PAC) no ha convencido al PP, que considera insuficiente lo acordado y cuestiona el triunfalismo mostrado por el Ministerio de Agricultura. Desde la formación señalan que es un error celebrar los avances cuando sigue en el aire la cuantía exacta que percibirá el sector primario en los próximos siete años, en un momento donde la provincia de Almería se juega el mantenimiento de líneas clave para su modelo productivo.
La candidata a la Cámara Baja por la provincia almeriense, Carmen Crespo, ha manifestado que los pasos dados en el ámbito comunitario resultan parciales al no estar respaldados por partidas definitivas. Según expone la representante popular, las cuantías económicas continúan envueltas en la incertidumbre, sobre todo por las intenciones de tijeretazo que han marcado las conversaciones multilaterales. Frente a planteamientos que barajan rebajas que rozan el 22 por ciento, el grupo conservador reclama blindar los fondos actuales, planteando destinar un diez por ciento a fines rurales y movilizar 45.000 millones de euros para garantizar la viabilidad de las explotaciones.
La dirigente ha remarcado el impacto directo que tiene este asunto en el campo almeriense, enfatizando la exigencia de preservar las subvenciones dirigidas a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, sostener el presupuesto consignado a las infraestructuras y caminos rurales, y asegurar alternativas reales para que las nuevas generaciones puedan incorporarse a la actividad agropecuaria. En esta línea, ha garantizado que el proyecto liderado por Alberto Núñez Feijóo mantendrá la presión para asegurar un marco agrario equilibrado que aporte solvencia económica a los profesionales.
Junto al debate presupuestario, Crespo ha advertido sobre el escenario de costes desbocados que ahoga a multitud de fincas. A este respecto, ha lamentado que la administración central no apurara el tope que permitía la normativa de la Unión Europea para bonificar el gasóleo agrícola, fijando el respaldo en 20 céntimos por litro frente al margen de 41 céntimos al que se podría haber llegado.
Por último, la representante política ha incidido en los retos fitosanitarios que golpean a las plantaciones de la provincia, como es el caso de la afección por parvispinus. En sus argumentos, ha censurado la rigidez a la hora de dar luz verde de forma extraordinaria a tratamientos para erradicar plagas, comparando la lentitud del Estado con la agilidad mostrada por otros socios europeos, por lo que ha urgido al Ejecutivo a desplegar con prontitud todas las competencias legales para resguardar las cosechas y la rentabilidad agrícola.