Cada vez que estalla un conflicto laboral en un servicio municipal concesionado, el guion institucional se repite con la precisión de un reloj suizo. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, apela al diálogo y declara solemnemente que confía en que la empresa concesionaria del transporte público, Surbus, y sus trabajadores alcancen pronto un acuerdo que descongestione la huelga del transporte urbano. Traducido del lenguaje diplomático al lenguaje de calle, el mensaje de la regidora al cuadro directivo de la compañía viene a ser algo así como: «Tranquilidad en las oficinas; pacten la subida salarial que haga falta, que los autobuses vuelvan a la normalidad, que los números ya cuadraremos entre las arcas municipales y el bolsillo del viajero».
Es la propia alcaldesa quien ha anunciado que debemos prepararnos para una subida del precio del billete si hay acuerdo. ¿Por qué? ¿No debería ser problema de la empresa? ¿Por qué es mi problema? Mi problema es ir a la Universidad o al trabajo en taxi, es haber pagado un abono de transporte y estar una semana o dos sin poder usarlo...
El dogma clásico con el que la administración justifica la entrega de servicios públicos a empresas privadas descansa sobre una premisa idílica: externalizar es más eficiente, alivia la carga de gestión directiva del consistorio y resulta inmensamente más económico para la ciudadanía. Sin embargo, la terca realidad del transporte colectivo demuestra que ese argumento teorizado sobre el papel cae por su propio peso en cuanto surgen las tensiones del mercado laboral.
Porque si la plantilla exige una actualización justa de sus emolumentos y la patronal acepta abonarla, la factura no la va a amortizar el beneficio corporativo de la concesionaria. Tampoco la va a perdonar el presupuesto consistorial. En cualquiera de las combinaciones posibles, la factura la paga el contribuyente almeriense. Si la solución pasa por incrementar la tarifa del billete, el importe se descuenta al instante en el monedero del usuario al validar su viaje, y eso que ya ha pagado el bono-bus que no puede usar por culpa del paro laboral. Si la solución pasa por aumentar la partida de subvención que el Ayuntamiento de Almería transfiere a Surbus, el dinero sale exactamente de la misma hucha: los impuestos que pagamos. En este curioso modelo de libre mercado, el riesgo empresarial se socializa por completo mientras la rentabilidad de la concesión permanece convenientemente blindada.
Para realizar semejante trayecto económico, francamente, no hacían falta alforjas concesionales. Si ante cualquier contingencia salarial o operativa es la arca pública la que termina actuando de red de seguridad y financiadora última del servicio, la gestión directa por parte del consistorio almeriense emerge como la alternativa lógica. Removiendo el intermediario privado, las arcas municipales se ahorrarían de golpe el beneficio industrial de la contrata y el coste derivado del IVA, como mínimo.
Con ese margen financiero recuperado, la administración local dispondría de recursos sobrantes no solo para garantizar sueldos dignos a los trabajadores y aumentar la plantilla de conductores, sino para acometer la renovación estructural de un servicio de transporte urbano que actualmente acumula notables deficiencias y quejas continuadas a lo largo y ancho de la capital. Cuando el modelo privado cuesta más y ofrece menos, empeñarse en mantener la concesión deja de ser una opción de gestión económica para convertirse, lisa y llanamente, en un sarcasmo presupuestario.