El Ayuntamiento de Albox tendrá que hacer frente a las consecuencias económicas de la expropiación de los terrenos donde se encuentra el Parque del Beato Ibáñez, en la Avenida de América, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya desestimado mediante sentencia de 15 de octubre de 2026, el recurso municipal y confirmado el justiprecio de 828.848,77 euros fijado por los tribunales.
Una nueva carga económica para el municipio derivada de un procedimiento iniciado durante el mandato del exalcalde Francisco Torrecillas, de UCIN, que sacó adelante la expropiación con el apoyo de los concejales del PSOE albojense.
El origen de este procedimiento se remonta al 3 de noviembre de 2016, cuando el Pleno municipal aprobó inicialmente el proyecto de expropiación forzosa de los terrenos, con nueve votos a favor (Francisco Torrecillas y 8 PSOE) y siete abstenciones, en cumplimiento de una resolución judicial anterior.
La decisión adoptada por el gobierno municipal formado por Francisco Torrecillas y PSOE, ha terminado desembocando en una valoración judicial muy superior a la cantidad establecida inicialmente de 164.570 euros.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería elevó esa cantidad hasta los 828.848,77 euros mediante sentencia de 8 de julio de 2024.
El Ayuntamiento recurrió el fallo, pero el TSJA ha rechazado sus argumentos y ha confirmado la valoración judicial, imponiendo además las costas del recurso.
La diferencia entre la valoración inicial y la judicial asciende a 664.278,76 euros, una cantidad que evidencia la importante repercusión económica de este procedimiento para el municipio albojense.
La alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso, viene defendiendo desde el inicio de su mandato la necesidad de gestionar con responsabilidad los recursos municipales y garantizar que las obligaciones heredadas no comprometan los servicios públicos ni la capacidad de inversión del Ayuntamiento.
Esta nueva resolución judicial vuelve a poner sobre la mesa las consecuencias que determinadas decisiones adoptadas por anteriores responsables municipales pueden tener años después sobre las cuentas públicas. “El procedimiento de expropiación se impulsó bajo la alcaldía de Francisco Torrecillas y contó con el respaldo de los concejales socialistas que apoyaron aquella decisión. Ahora nos vemos obligados a gestionar las consecuencias de una sentencia millonaria que tendremos que afrontar, a la vez que debemos seguir atencidiendo las necesidades de los vecinos y manteniendo los servicios municipales” asegura la alcaldesa, María del Mar Alfonso.
A la cuantía reconocida judicialmente habrá que añadir, en su caso, los intereses que correspondan y las costas procesales, un pago total que rozará el millón de euros. “Desde el Ayuntamiento vamos a agotar hasta la última oportunidad mediante un recurso de casación para defender los intereses de los albojenses, aunque las posibilidades de éxito son bastante escasas” añade Alfonso sobre este procedimiento judicial.