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El Pleno de la Diputación de Almería ha acogido este viernes un intenso debate político centrado en la distribución de los fondos públicos y las condiciones que imponen las distintas administraciones a las entidades locales. En el transcurso de la sesión, el diputado del PP Juan José Martínez ha contestado a las críticas vertidas por el portavoz del grupo provincial del PSOE, Juan Manuel del Real, a cuenta de las bases del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA). Durante su intervención, Martínez ha contrapuesto la objetividad del plan provincial con lo que ha calificado como extraños criterios establecidos por el Gobierno de España en las convocatorias de subvenciones ministeriales, los cuales terminan afectando directamente a los municipios de la provincia de Almería.
El representante popular ha iniciado su réplica exponiendo el primer ejemplo de estos requisitos estatales, señalando que existen convocatorias del Ejecutivo central en las que se sanciona económicamente a los consistorios si omiten invitar a los representantes del Estado a sus actos institucionales. Sobre esta exigencia, Martínez ha sido tajante al manifestar textualmente: «Yo tramito muchas subvenciones, muchísimas subvenciones, de todas las administraciones, de todas. Y hay una del ministerio, del Ministerio del Gobierno de España, donde establece en sus bases que si no los invita a los actos te penalizan, pero no con dos años, sino con quitarte dinero, dinero, y lo tiene que poner su ayuntamiento». Frente a este modelo, ha defendido que el plan aprobado por la corporación provincial no resta fondos a ninguna localidad, garantizando una asignación fija a todos los ayuntamientos según su población y bonificando únicamente la delegación de la gestión recaudatoria al amparo del artículo 36 de la Ley de Bases del Régimen Local para optimizar los recursos técnicos en los pueblos más pequeños.
En este sentido, el diputado del equipo de gobierno ha cuestionado la postura de tres consistorios que han rechazado acogerse a este marco de concertación alegando disponer de autonomía y medios suficientes para gestionar de manera independiente el PFEA. Martínez ha puesto de relieve la incoherencia de esta decisión al recordar que estas mismas localidades han solicitado ayuda a la
Diputación de Almería para redactar pliegos, dirigir obras y tramitar las contrataciones de una ayuda del PERTE del agua concedida por la
Junta de Andalucía, argumentando en ese caso carecer de personal técnico y recursos económicos. Esta contradicción en la optimización de medios ha sido abordada telefónicamente tanto con el portavoz socialista como con el alcalde de
Padules, quien también ejerce como diputado provincial.
A continuación, el diputado provincial ha detallado un segundo criterio que considera ajeno a la finalidad del incentivo, haciendo referencia a la orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) dirigida a financiar refugios climáticos. Dicha convocatoria puntúa favorablemente el hecho de disponer de un punto violeta, espacio destinado a la información, atención y acompañamiento de mujeres víctimas de violencia de género. Martínez ha expresado sus dudas sobre la inclusión de este requisito en una partida ambiental: «¿Sabe lo que bonifica? Tener un punto violeta. ¿Qué tiene que ver un punto violeta con los refugios climáticos? ¿Me lo puede explicar? ¿Es un criterio objetivo o un criterio subjetivo? ¿O un criterio de implantar una ideología vuestra?». Tras aclarar que respalda la efectividad de estos puntos de atención y que los aplica en su propio ayuntamiento, ha remarcado el sesgo que produce en la geografía almeriense, donde de los 103 municipios de
Almería solo
Cantoria y
La Mojonera cuentan con esta instalación, lo que perjudica la puntuación de las 101 localidades restantes al competir por los fondos climáticos.
Finalmente, el responsable popular y alcalde de
Tíjola ha analizado el programa del 2% cultural impulsado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para la recuperación del patrimonio histórico y artístico. En estas bases se otorga una bonificación adicional del 15% a aquellos municipios que hayan sufrido previamente alguna catástrofe natural. Martínez ha cuestionado la lógica de vincular la conservación del patrimonio histórico a los desastres meteorológicos manifestando que «¿Qué tiene que ver la catástrofe natural con rehabilitar un edificio de interés cultural? Yo en mi municipio de
Tíjola no he tenido una catástrofe cultural. Entonces, me siento... no es la misma equiparación con otros municipios, que no tiene nada que ver». De este modo, ha concluido que los fondos destinados a paliar emergencias o catástrofes deben consignarse en sus partidas específicas, sin que condicionen las subvenciones dirigidas a rehabilitar el patrimonio cultural de los pueblos almerienses.