Un nuevo revés judicial sacude a la antigua cúpula de la administración socialista autonómica. La magistrada Pilar Ordóñez ha concluido las diligencias del caso y ha resuelto dirigir las actuaciones procesales contra cinco ex altos cargos públicos por supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, según publica ABC. Entre los principales encausados destaca la figura de Martín Soler Márquez, político
almeriense que ejerció como secretario general del
PSOE en la provincia de
Almería y que ocupó la consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en la
Junta de Andalucía, ademas de la presidencia de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
El procedimiento salpica igualmente a Jesús María Rodríguez Román, quien fuera número dos de Soler en la viceconsejería, así como al exdirector general de la agencia IDEA, Jacinto Cañete Rolloso, y al exresponsable del área financiera de dicho organismo, Antonio Diz-Lois Ruiz. Completa la lista de encausados Fernando Villén Rueda, exresponsable de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), entidad que ya contaba con penas previas después de que el Tribunal Superior de Justicia ratificara condenas por desvío de fondos.
Las pesquisas judiciales concluyen que los investigados recurrieron de forma indebida a la Faffe para canalizar la entrega de subvenciones y prestaciones que carecían de la obligatoria cobertura administrativa. El fin de esta operativa habría sido enmascarar la procedencia real del dinero público y sortear los controles financieros habituales. El trasfondo se remonta a la crisis por el cierre de la planta de Delphi en Cádiz en 2007, momento en que el Ejecutivo de la Comunidad suscribió un protocolo con organizaciones sindicales como
UGT, CCOO, CGT y USO para amortiguar el impacto del despido masivo.
Durante los ejercicios 2008 y 2009, los responsables institucionales acordaron prorrogar los incentivos económicos a extrabajadores que ya cobraban el desempleo, mediante abonos gestionados entre Empleo e Innovación. La instructora subraya que los imputados actuaron a sabiendas de que los complementos no tenían encaje legal ni contaban con la autorización previa de la Administración del Estado. Las transferencias cursadas hacia la fundación superaron el millón ochocientos mil euros sin expedientes de concesión, solicitudes individuales ni fiscalización previa, dejando un quebranto neto estimado en 1,53 millones de euros para las arcas públicas tras recuperar una pequeña fracción del montante. El caso queda ahora pendiente del pronunciamiento de la Fiscalía para la apertura del correspondiente juicio oral.